La Policía da por destruida la tarjeta de Dina Bousselham y aleja la imputación de Iglesias

Esta es una diligencia clave que García Castellón acordó practicar hace ya algo más de diez meses, pero como se temía ya en el juzgado, ha resultado no ser concluyente porque la tarjeta, una Mini SD de memoria, está destruida.

La petición a la Científica trae cuenta de la exposición razonada que envió al Tribunal Supremo para pedir la imputación de Iglesias cuando, siendo aún vicepresidente del Gobierno, llegó a la conclusión de que podía haber cometido un delito de revelación de secretos por haber tenido en su poder durante un largo periodo la tarjeta del móvil robado a Bousselham sin decirle nada y conociendo su contenido. También sospechaba de un delito de daños informáticos porque cuando por fin le devolvió el dispositivo ya no funcionaba.  

El Supremo rechazó investigar a Iglesias sin recabar primero más indicios y pidió al juez que practicase una serie de averiguaciones. En primer lugar, una pericial extensa de la tarjeta de marras que permitiese situar en qué momento se consultó su contenido por última vez -pudo ser cuando aún la tenía Iglesias- y cuál es el origen de los daños por los que ya no está operativa -lo que podría revelar un estropicio deliberado-. También instó al instructor a llamar a Bousselham, pues está en su mano perdonar a Iglesias la revelación de secretos, un delito que requiere denuncia del afectado para ser perseguido.

A resultas, García Castellón puso como primer objetivo el análisis de la tarjeta para, en función del resultado, acordar las citaciones. No se descartaba que de haber indicios contra Iglesias , fueran remitidos a los juzgados ordinarios porque, al fin y al cabo, serían ilícitos fuera del caso Villarejo que no son competencia de la Audiencia Nacional. Pero lo primero, en cualquier caso, era analizar la tarjeta.

Y ese proceso no ha estado exento de dificultad. La Policía advirtió de que examinarla a fondo podía suponer destrozarla definitivamente y el juez lo autorizó. Después, avisó de que no podía conectarla a sus sistemas para hacer el análisis porque le faltaban unos códigos que son propiedad intelectual de Samsung y el juez, les autorizó a pedirlo a la compañía. Nuevamente, otro problema: la empresa no lo daba sin orden judicial y García Castellón hubo de dictar auto requiriendo expresamente colaboración al responsable de la compañía en España so pena de una imputación por desobediencia.

En paralelo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal iba resolviendo los recursos que prácticamente todas las acusaciones y defensas en esta pieza separada han ido presentando. El cambio más relevante: revocó el cierre de la investigación respecto de Villarejo y dos periodistas que habían sido ya procesados e impuso que el juez citase además de a Bousselham, a Eugenio Pino, exdirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional. Villarejo tenía una copia de los archivos de la tarjeta del móvil robado a Bousselham y se trata de esclarecer si informó de ello a su superior en el marco de las investigaciones sobre Podemos que en aquella época tenían entre manos.

El juez Joaquín Gadea, en funciones de refuerzo en el Central 6, hubo de pronunciarse sobre esto recientemente en un auto que de nuevo, condicionaba la práctica de esas declaraciones al resultado de la pericial intensiva de la tarjeta. Abría la puerta incluso a llamar a Bousselham como investigada pues, aún siendo desde el inicio perjudicada en esta causa dado que eran sus archivos los que tenía Villarejo y fueron circulando hasta en la prensa; sus continuas contradicciones en las comparecencias ante el juez la sitúan como sospechosa, al menos, de falso testimonio. Lo mismo con su pareja.

Entre tanto, los dos periodistas de Interviú que proporcionaron a Villarejo copia de la tarjeta que habían recibido previamente en un sobre anónimo en la revista, como el comisario, siguen imputados. Y Bousselham, su pareja Ricardo Sa Ferreira y Eugenio Pino, pendientes de ser citados a declarar.