Podemos ve nula la investigación secreta a Monedero por el caso Neurona

El escrito, al que tuvo acceso ABC, no lo eleva así la defensa de Monedero, sino la del propio partido para dejar constancia de su parecer sobre el modo en que se ha abierto y seguido esa investigación, que se ha saldado con la imputación del cofundador y su citación programada para el próximo 15 de marzo.

Según argumenta, «no existe» entre lo investigado sobre Monedero, que cobró 30.000 dólares de Neurona Consulting, «nexo alguno con el presente objeto de investigación» y «las conclusiones de la UDEF no han podido constatar en la pieza secreta» lo contrario.

«El informe parte de la conclusión a la que quiere llegar, y es que existiría un nexo entre una factura que ya se presume elaborada 'ad hoc' y la constitución de una sociedad en el marco de la campaña de las elecciones generales del 28-A. Nexo que todavía se desconoce, ya que más que una conclusión, la hipótesis de la UDEF planteada en condicional no concreta en qué consiste la supuesta conexión », dice el escrito.

Para los investigadores, la tesis es que ese dinero que cobró Monedero puede tener «relación» con la creación en España de la empresa Neurona Comunidad, filial de la matriz mexicana Neurona Consulting, y su contratación de servicios de consultoría con Unidas Podemos en la campaña de las elecciones generales de abril de 2019 a cambio de 363.000 euros. La causa se centra en esclarecer si el contrato fue real, igual que la prestación de servicios.

El escrito de Podemos incide en que los investigadores «obvian mencionar los investigadores un dato relevante» y es que cuando Monedero cobró aquel dinero -la factura es del 30 de diciembre de 2018-, ni se habían convocado elecciones ni estaban en el horizonte , pues fue una decisión sobrevenida del presidente del Gobierno tras el fracaso parlamentario de su ley de Presupuestos Generales del Estado en febrero de 2019.

Según expone, a la luz de lo actuado en esa pieza bajo secreto, «la limitación del derecho de defensa de las personas investigadas que se ha impuesto no se compadece ni con la entidad de los hechos investigados ni con la trascendencia de las diligencias de investigación interesadas» y además, era «innecesario», porque lo que se estaba analizando era un movimiento bancario que es «prácticamente imposible manipular».

Incide en que mientras los investigados acudían a declarar pensando que lo «oficial» era lo único que había en la causa, «se estaban investigando en paralelo nuevas hipótesis policiales sobre presuntos hechos que no han podido ser sometidos a contradicción por las defensas, así como informes policiales que contenían información que podía ser aclarada, matizada o contrastada por las personas investigadas en sus declaraciones, condicionando así su estrategia defensiva y perturbando» su derecho a la misma.

Recuerda además que el propio juez, en línea con la Fiscalía, dejó por escrito que no se apreciaban a priori indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales, «descartándose así tácita y expresamente los iniciales motivos que habían sustentado el impulso de oficio de la causa paralela secreta».

«Entendemos que no concurría la circunstancia habilitante para la medida acordada, carecía de la motivación suficiente y ha limitado innecesariamente el derecho de defensa de las personas investigadas, generando indefensión», dice el partido.

Se queja, además, de las filtraciones de contenidos de la causa y, en particular, Podemos traslada al juez que se enteró por el diario ABC de la existencia de una pieza de investigación separada. Pide amparo en el escrito registrado.

En todo caso, Podemos ha movido ficha para intentar esclarecer otra de las dudas en torno a aquel contrato y después de que la Fiscalía de Madrid afease al partido que no había aportado documentación clave en este sentido teniéndola de fácil acceso. En concreto, ha aportado un pendrive con documentación relativa a los trabajadores de la consultora que se desplazaron a España para la campaña electoral, los mismos cuya identidad no habían podido esclarecer los distintos imputados.

Fueron, según exponen, 21 personas de las que ponen a disposición del juez todos sus datos personales y laborales (funciones en el equipo de Neurona), así como acreditación con billetes de avión y listados de hospedaje de las fechas en que entraron y permanecieron en España «para la prestación de los servicios».

Además, adjuntan vídeos y fotografías del cuartel general de la campaña electoral que Unidas Podemo s instaló en una oficina de la madrileña calle Maudes y en las que aparecen los trabajadores identificados, junto a un plano de situación de esas dependencias en el que aparece indicado el lugar exacto en el que se desempeñaban.

Por último, propone un listado de diez testigos, personas de Podemos que trabajaron en aquella campaña en coordinación con Neurona y que podrán atestiguar la realidad de los servicios prestados.