La inevitable poda del Estado autonómico

Porque en tiempos de extremada penuria económica tanto el Partido Popular como el PSOE justifican su confianza en la España de las autonomías en que aún es posible una «racionalización» que, sin embargo, no se termina de concretar . Se comparte el discurso de que ha habido excesos y de que existen duplicidades, pero no se dan a conocer las fórmulas exactas para reconducir y estabilizar el engranaje territorial, al rescate de la cohesión nacional.

¿Hay alternativa sostenible a la «recentralización» bizarramente propuesta por Aguirre? En la cocina de ideas del Partido Popular se cree que sí, y en esa convicción se sustenta el discurso del Gobierno de Mariano Rajoy. El PP considera inasumible, además de irresponsable, el coste político y social de una devolución de competencias, a estas alturas. Y tampoco está dispuesto a hacer el juego al soberanismo catalán con el punto final del «café para todos» que ha pedido Artur Mas, aprovechando de forma torticera la ofensiva de Aguirre. Lo que sí tiene claro el Ejecutivo es que urge acabar con esa huida hacia delante, tanto política como financiera, que hoy suponen las autonomías. Hay que estabilizar el modelo y delimitar de una vez por todas las atribuciones y responsabilidades de unos y otros, dentro de un proyecto común.

El diputado Gabriel Elorriaga es coautor de un informe para FAES, el «think tank» presidido por José María Aznar, en el que se aportan ideas para una racionalización sin desmontaje. Como preámbulo, deja claro que el actual modelo no es el único posible ni viene predeterminado por la Constitución de 1978, pues, como apunta, la Carta Magna «no establece que el territorio deba integrarse en comunidades autónomas». En consecuencia, el actual entramado del poder territorial es «el producto del peso de la historia y de la negociación política más que de una reflexión económica». En su opinión, el «pecado original» que ha derivado en dispendios y desajustes ha sido el hecho de que la Constitución «no dice apenas nada de cómo ha de organizarse ese modelo, porque el famoso título VIII es casi meramente procedimental. Cualquier país con el nivel de descentralización de España recoge en su Constitución una regulación amplísima que aquí, simplemente, no existe».

Apunta además Elorriaga una realidad que no ha calado en la opinión pública: la de que el autonomismo está en la esencia del PP «pos-Fraga». Él mismo lo esbozó también en su documento para FAES: «La evolución política del Partido Popular le llevó a ser una verdadera alternativa de gobierno sólo a partir de que alcanzó el poder territorial». Recuerda que en ese ámbito se forjaron tanto José María Aznar (que presidió la Junta de Castilla y León) como Mariano Rajoy, que fue presidente de la Diputación de Pontevedra y vicepresidente de la Xunta de Galicia. En suma, buena parte de la masa muscular del gran partido del centro-derecha cobró vigor gracias a la existencia de esos poderes periféricos.

Lo del PSOE responde a otro diagnóstico. Es más su anómala estructura confederal (el complicado encaje de un PSC que trata al PSOE de tú a tú y lo somete a permanente presión) lo que lo convierte en «autonomista» forzoso. De ahí derivó la mayor y más peligrosa disfunción en el modelo: la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña, con la irresponsable connivencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Y por eso la racionalización territorial esgrimida por Alfredo Pérez Rubalcaba no ha ido más allá de la propuesta puntual de supresión de las Diputaciones provinciales. Tales circunstancias maniatan también a la Fundación Ideas, el gran «think tank» del PSOE presidido por Jesús Caldera, que aún no ha elaborado un informe sobre el modelo territorial ni tiene, por tanto, fijada posición al respecto. Solo brinda aportaciones teóricas puntuales como la del constitucionalista Antonio Arroyo, quien cimienta la defensa del Estado de las Autonomías en su papel socioeconómico de igualación entre españoles. Con datos contrastables, como la sustancial reducción de la brecha entre ciudadanos catalanes y extremeños (por ejemplo) en las últimas décadas.

En ese escenario en el que los dos grandes partidos no quieren (ni pueden) dar cabida su discurso a una jacobina «poda» de competencias es donde encuentran su hueco nuevos actores como UPyD, debutante sin ataduras. Solo el partido de Rosa Díez puede permitirse el lujo de una propuesta política de corte «centralista».

Un aspecto interesante del informe de FAES es su análisis sobre la buena opinión que los ciudadanos tienen del Estado de las Autonomías. Aunque en los últimos tiempos se haya deteriorado notablemente esa percepción, los estudios del CIS continúan mostrando que la actual forma de organización territorial goza de amplio respaldo. La explicación de este fenómeno es perspicaz: «La falta de visibilidad del coste tributario de los servicios ha podido generar un proceso de ilusión financiera favorable a los gobiernos autonómicos: una Administración pública que ofrece servicios básicos sin reclamar los ingresos necesarios para pagarlos es una especie de maná llamado a triunfar». El espejismo ha durado muchos años y solo se empezó a disipar a partir de la manida apelación a la «corresponsabilidad», con elementos como el «céntimo sanitario» que dejan patente el hecho de que también las autonomías aprietan el cinturón a los ciudadanos. Pero —alerta Elorriaga— abundar en ceder a las autonomías ese tipo de instrumentos conlleva el riesgo de una perniciosa «dispersión fiscal». El equilibrio es complicado.

El camino de la racionalidad se empezó a andar tímidamente con el acuerdo PP-PSOE para la reforma de la Constitución del pasado verano y la fijación de un tope de déficit, pero se ha quedado sin consenso al no haber respaldado los socialistas la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

También la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), presidida por Andrés Ollero, ha reflexionado sobre las posibilidades de embridar el desmadre territorial y ha resumido sus conclusiones en el documento «Diez propuestas para la racionalización del Estado autonómico». Esos «mandamientos» son, resumidamente: la limitación de la dimensión institucional del Estado autonómico (o sea, liquidar sus Defensores del Pueblo, tribunales de cuentas o consejos consultivos), la «desprofesionalización» de los Parlamentos territoriales (para su actividad legislativa sería suficiente el abono de dietas a los diputados, no hay por qué tenerlos a sueldo), la agrupación de municipios, la redefinición de las diputaciones, la privatización de las televisiones autonómicas, la reordenación del mapa universitario, el control efectivo del déficit de las comunidades autónomas y las Administraciones locales, el refuerzo de la unidad de mercado (ello requiere reforma constitucional), la no discriminación por razones lingüísticas en el ámbito de la Administración y la enseñanza, y, por último, la aprobación de una Ley General de Cooperación, inspirada en la doctrina alemana del principio de lealtad federal.

El director general de Funciva, José María Román, estima que con la implementación de estas medidas el Estado autonómico sería viable, sostenible y cohesionado, y permitiría superar el discurso crítico contra los «diecisiete miniestados». Recuerda que la Constitución fijó un camino posibilista para el encaje de Cataluña y el País Vasco y, de paso, de Galicia. Las distorsiones, explica, llegaron con el paso del tiempo, «porque la creación de autonomías no nacía del afán de organizar el conjunto , sino desde el estímulo interno de las autonomías, de cada una de ellas, para “ser más”». Solo la crudeza de la crisis económica ha frenado esa tendencia.

Pero no por ello cree Román que el modelo autonómico haya resultado fallido. Lo defiende y estima que «no es pensable una realidad diferente para el futuro de nuestra sociedad». Arguye que no hay que relacionar esa organización territorial con unos independentismos «que jugarían el mismo papel político, o peor, con o sin autonomías». Eso, en las regiones donde pesan los nacionalismos. Porque para el resto, dice, ha supuesto una fórmula «de cierta igualdad y de superar agravios históricos». Por lo que concluye que unas autonomías responsables y sometidas a racionalización aún son útiles. Y, en su opinión, integradoras.