El plan de Cs y PP para 'resetear' y recoser Cataluña tras el 'procés'

Al margen quedan Salvador Illa (PSC), que ganó las elecciones de febrero, pero no pudo formar gobierno, y ha puesto en marcha 'un gabinete en la sombra' para fiscalizar cada área del Govern catalán; e Ignacio Garriga (Vox), que tras ser excluido por Aragonès de la ronda de contactos aseguró que, igualmente, no hubiera acudido a la reunión. ABC, tras consultar los documentos de Cs y PP, resume en seis los puntos que podrían formar parte de un hipotético decálogo constitucionalista que ponga las bases por la convivencia entre catalanes.

1. Respetar la convivencia y la neutralidad institucional. «Proteger la convivencia», «respeto a nuestro ordenamiento democrático», «respeto a los sentimientos de españolidad de la mayoría de la sociedad catalana» y «respeto al normal desempeño en Cataluña de las funciones de la Corona, del Gobierno de España y de la Administración del Estado». Sin un respeto sincero y efectivo a la legalidad por parte de la Generalitat, que sigue en manos de los partidos independentistas, la mitad de los catalanes no podrán confiar en las instituciones autonómicas.

El respeto al discrepante debe ser el eje fundamental y punto de partida para cualquier acercamiento de posiciones, que saltaron por los aires en septiembre y octubre de 2017. Respetar al Rey, en tanto que Jefe del Estado, también es imprescindible. La convivencia pasa por defender los símbolos comunes sin despreciar los particulares, que no pueden imponerse. La neutralidad partidista de las instituciones es básico. A partir de ahí, cada partido puede defender sus postulados, pero sin ley no hay democracia ni campo de juego imparcial.

2. Pluralidad informativa. La televisión y la radio públicas de la Generalitat, TV3 y Catalunya Ràdio, siguen siendo de parte, o como mínimo así lo entiende una gran número de catalanes (y aquí caben también los simpatizantes de los comunes, no solo los constitucionalistas). Deben reconvertirse «en medios plurales al servicio de una información veraz y neutral», abierta a toda la comunidad catalana, que es mucho más plural de lo que refleja la actual parrilla de TV3.

Igualmente, la Generalitat debe «dejar de utilizar la política de subvenciones a los medios de comunicación como palanca para ganar adhesiones a la causa separatista». Se puede apoyar al sector mediático sin que sea su cautividad el objetivo final. En 2020, el Govern gastó 33 millones de euros en publicidad institucional. Cifra que se suma a las subvenciones directas al sector solo por mantener vivos determinados proyectos. La independencia informativa y profesional (también para TV3) debería ser el único objetivo institucional.

3. Nueva ley electoral. Sobre el papel, esta es una propuesta que trasciende al eje constitucionalistas-independentistas. Pero el inmovilismo de ERC y CiU, ahora Junts, hace imposible un avance en el asunto. La nueva norma -Cataluña es la única región que celebra elecciones autonómicas con la legislación nacional- debe garantizar el principio conocido como 'una persona, un voto'. Cs es el partido que hace bandera de una reforma en esta línea. El constitucionalismo considera que la aplicación de la ley electoral favorece a los nacionalistas. Hasta el cambio legislativo global -si es que llega algún día- se podría empezar por un reparto más equitativo de los escaños (según figura en una disposición transitoria del Estatuto) que se distribuyen por las cuatro provincias en el Parlamento de Cataluña (135 diputados). Barcelona (85) está infrarrepresentada, a cambio de favorecer a Lérida (15) y Gerona (17). Los partidos nacionalistas tienen más predicamento en las zonas rurales e interiores de Cataluña, así que el reparto de escaños favorece al que consigue votos en Lérida, sobre todo, pero también en Gerona. Se antoja difícil que exista acuerdo en esta materia, pero es paradójico que al independentismo ya le vaya bien una 'ley española'.

4. Agenda económica. Menos organismos públicos, menos intervencionismo y menos impuestos. Esta es una reivindicación sobre todo del PP, que recoge en su documento entregado a Aragonès. «Alivio fiscal para reactivar la economía y proteger a la clase media». ¿Cómo? Reduciendo el IRPF en los tramos más bajos y que coincidan con los tramos nacionales; bonificaciones para disminuir la carga impositiva a las familias numerosas en los gastos en guarderías y libros de texto, subir el mínimo exento en el Impuesto de Patrimonio, bonificar el 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, bajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y suprimir impuestos propios de la Generalitat. Y esto reduciendo el número de entes y organismos públicos, que en algunos casos son definidos por la oposición como «chiringuitos».

En esta línea, la Generalitat debería ser firme contra los okupas, pues la defensa de la propiedad privada es esencial en un sistema liberal como el de España dentro de la Unión Europea. Igualmente, proteger el tejido empresarial e impulsar la transformación digital, ayudarían a la economía.

En paralelo a la agenda económica y relacionado con el primer punto de esta lista, recuperar la seguridad jurídica es necesaria para las inversiones y el progreso económico, social y cultural de Cataluña.

5. Libertad educativa. Este asunto -junto a todo lo que rodea a TV3- es uno de los temas en los que el independentismo está más enrocado. No acepta cambios en el modelo escolar al considerar que es parte del núcleo del nacionalismo. Sin embargo, recuperar la convivencia pasa, sobre todo, por unas aulas libres de cualquier partidismo: «Abandono del menosprecio institucional del castellano como lengua oficial, de enseñanza, materna, familiar y social de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña».

Como con los medios de comunicación públicos, gran parte de los catalanes no se ven reflejados en las escuelas públicas de la comunidad. Cualquier Govern catalán que aspire a coser las relaciones debe tratar este asunto como prioritario. «Defender la libertad de escuelas e institutos para que puedan definir su modelo pedagógico y lingüístico, respetando el trilingüismo (25% mínimo en cada lengua oficial) y unos contenidos comunes, y de las familias para poder elegir la mejor educación para sus hijos».

Esto también pasa por aumentar la oferta de plazas de guarderías públicas y concertadas, aprobar un plan estratégico para avanzar en la garantía de la gratuidad y la universalidad de la etapa educativa 0-3 años, elaborar un plan para eliminar los barracones como aularios en cinco años y apoyar a las familias, para que esto sea el eje transversal de la acción de la Generalitat en materia educativa.

6. Sociedad del bienestar. Los servicios sociales al alcance de todos, sin renunciar a una colaboración público-privada. Los recursos económicos deben centrarse en asuntos como la sanidad, la educación, la dependencia... La pandemia del coronavirus ha puesto el foco sobre la debilidad de un sistema que, por otro lado, es de los mejores de Europa, si bien se sustenta en una buena atención primaria. Cabe proteger y reforzar el sistema sanitario y ser capaces de reducir las listas de espera.

Hay que mejorar la inversión pública. El gasto público debe centrarse en el Estado del Bienestar, que no conoce de ideologías, en lugar de engordar el fomento de la división, como fueron los gastos del 'procés'. Cataluña necesita un 'reseteo'. Hará falta tiempo para recoser la comunidad. PP y Cs tienen un plan.