El plan secesionista no descartó convertir los Mossos en el ejército de Cataluña

En las querellas, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, advierte de «la potencial utilización de dicha fuerza armada», los 17.000 efectivos armados que forman los Mossos d’Esquadra , «contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución española en Cataluña». El Ministerio Público llega a esa conclusión por «la asunción en exclusiva del mando» sobre la policía autonómica que conllevaba la declaración unilateral de independencia.

Los agentes autonómicos eran peones dentro del plan secesionista, explica el fiscal. «La estrategia de la Generalitat basada en la movilización de la sociedad parte de una actuación por parte de los Mossos comprometida con la línea de actuación diseñada desde el Govern», señala la querella. Una tesis que coincide con la posición de la Guardia Civil , que acusa al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, de ser el «brazo armado» del plan diseñado por un comité secesionista.

Las propias leyes independentista -el barniz creado para fingir una cobertura legal para el proceso independentista- planeaban reforzar las atribuciones de los Mossos, sin descartar que asumiesen las funciones habituales de un Ejército , la seguridad externa y la defensa. Esto «implicaría una militarización parcial de algunas unidades y efectivas de los Mossos», según se desprende del Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, las conclusiones del órgano asesor del secesionismo.

«La Generalitat plasmaba así la necesidad de contar con el apoyo de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo el proceso independentista, en particular por lo que se refiere a la policía autonómica», expresa el fiscal general del Estado. La Audiencia Nacional ya investiga la pasividad de los Mossos en el acoso a la Guardia Civil del pasado 20 de septiembre, en el registro de varias sedes de la Generalitat, y el 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum independentista.

Los gobernantes catalanes también caldearon el ambiente de la calle a favor de la independencia. El Ministerio Público argumenta que los querellados «promovieron actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación de Cataluña sobre el cual quedaba legitimada cualquier actuación del Govern y del Parlament al margen de las leyes, haciendo nacer en la sociedad la creencia de la legitimidad de las actuaciones en contra del poder constituido». Ante la suspensión de las leyes de la ruptura, «los querellados fueron alentando un movimiento de insurrección activa entre la población frente a al autoridad legítima de las instituciones del Estado». El propio Artur Mas destacó la movilización ciudadana «como el arma más solida para combatir la negativa estatal».

En esta labor entraron en juego las asociaciones Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural , cuyos líderes están encarcelados por sedición. La Fiscalía destapa el círculo existente entre ellas y los gobernantes independentistas. «Gran número de consejeros del Govern y diputados independentistas son asociados» de estas entidades, como Clara Ponsati, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa o Anna Simó. La propia Carme Forcadell se convirtió en presidenta del Parlament después de haberlo sido de la ANC.