Pinchazos, micros en los coches y software remoto para frenar el proyecto de una Cataluña independiente
El juez autorizó todas las medidas a los investigados de la trama secesionista aunque la pandemia les restó eficacia
Los dos audios grabados por Víctor Terradellas cuando se reunió con el ex alto cargo de Convergencia David Madí y con el exconsejero de ERC Xavier Vendrell en mayo de 2018 motivaron una nueva pieza de investigación en la trama de presunto desvío ... de fondos públicos de la Diputación, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona hacia instituciones y fundaciones de la órbita independentista. Fue el primer elemento tecnológico intervenido, el punto de partida cuando la investigación la llevaba la UDEF de la Policía Nacional, pero a osteriori la Guardia Civil ha empleado todo tipo de tecnología en sus pesquisas e incluido el delito de blanqueo de capitales , como recoge el sumario de la operación contra esta supuesta trama.
Los agentes sostienen que el círculo de empresarios y afines al independentismo querían crear un banco central catalán como estructura fundamental para una Cataluña independiente. Para sortear los controles estatales e incluso europeos la estrategia, que estaría coordinada por el fugado Carles Puigdemont , pasaba por el uso de criptomoneda, según las pesquisas. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre , accedió a todas las solicitudes de la Guardia Civil para sustentar las sospechas, algunas poco usuales.
En agosto del año pasado se pidió la intervención de los móviles de David Madí, Xavier Vendrell y Xavier Vinyals. A este último dejaron de escucharlo en febrero de este año puesto que no tenía más interés, una vez que conocían los expedientes de subvención de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, incautados en noviembre de 2019. Madí y Vendrell, ambos cercanos a Puigdemont, sí siguieron en el eje de las escuchas de la Guardia Civil y a ellos se sumó la mujer de Madí, durante un periodo muy breve.
En los meses siguientes otros investigados tuvieron también los teléfonos intervenidos (Jaume Cabaní, Antoni Fusté y Roc Aguilera). Hasta ahí una medida habitual en cualquier investigación de cierto peso. Pero no fue suficiente. El juez concedió además que se instalaran localizadores por satélite y micros en los coches de los sospechosos. En concreto, en un Volvo y un Toyota de David Madí, otro Volvo y un BMW de Vendrell; un Audi y un Fiat 500 de Vinyals y otro Audi de Cabaní que se mantuvo hasta que este se trasladó en abril a vivir a Bélgica y que, según se recoge, no tuvieron ningún «interés para la investigación».
Las escuchas ambientales al considerado «estado mayor» de Puigdemont se revelaron ineficaces desde el punto de vista operativo tras la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo, por lo que un mes después la Guardia Civil pidió que cesaran. La investigación, según el sumario, vivió los mismos altibajos que la pandemia y una vez en la fase de «nueva normalidad», esa que nunca existió pero se hizo creer que sí, los investigadores volvieron a colocar micros en los lujosos coches de los muñidores Madí y Vendrell a principios de julio.
La medida adicional, como la denomina la Guardia Civil, más llamativa se produjo a partir de finales de agosto cuando solicitaron al juez la instalación de software para «examinar de forma remota y telemática los dispositivos móviles que ya estaban siendo intervenidos» de Madí y Vendrell. Los agentes admiten que la medida solo tuvo éxito parcial en el caso del ex alto cargo convergente «pero sin que se hayan encontrado elementos de interés para la investigación».
Los agentes dan por bueno que la pretensión de la trama era implantar un sistema basado en Bitcoin y que esas criptomonedas se comprarían con «fondos públicos desviados de los casos de corrupción» que han aflorado en los últimos años. Las intervenciones telefónicas revelaron, según la Guardia Civil, que esa era una pata, pero que los chanchullos y el manejo de influencias políticas para conseguir contratos y todo tipo de operaciones eran un común denominador en algunos de los implicados como Madí o Vendrell. El juez dejó a 9 de los 21 detenidos iniciales en libertad.
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