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Piden más de seis siglos para los controladores de los presos etarras

La Audiencia Nacional juzga desde hoy a 47 miembros del «frente de cárceles» de ETA

Detención de dieciocho miembros de Herrira por parte de la Guardia Civil EFE

Javier Arias Lomo

La Audiencia Nacional acogerá a partir de hoy una de las grandes causas que quedan por juzgar en relación a la actividad de la banda terrorista ETA. Hasta 47 integrantes del denominado «frente de cárceles» de la organización se sentarán en el banquillo por los delitos de integración, colaboración con organización terrorista, enaltecimiento y quebrantamiento de medidas cautelares.

Algunos de los 47 acusados - entre los que se encuentran abogados, médicos, familiares e intermediarios del colectivo de presos vascos (EPPK)- son Arantza Zulueta, Ainhoa Baglietto, Jon Enparantza, el exsenador de Bildu Iñaki Goioaga, o Amaia Izko, diputada de la misma formación en la actualidad en el Ayuntamiento de Pamplona. La Fiscalía pide para ellos penas individuales de prisión que van de los ocho a los 21 años de cárcel, mientras las peticiones de prisión conjuntas superan los seis siglos.

Colectivos

Los acusados pertenecen a distintos colectivos que estaban integrados en el área de coordinación del «frente de cárceles» de ETA , que más tarde pasó a denominarse KG. Dicho área estaba compuesta por la plataforma Herrira, que ejercía las funciones de Askatasuna, ilegalizada en 2012, y que a su vez era sucesora de Gestoras Pro Amnistía; el Colectivo de Abogados; la asociación de familiares de presos etarras Etxerat; la asociación de médicos y psicólogos Jaiki Jaidi, que garantizaba la asistencia sanitaria de los miembros del EPPK, y el propio colectivo de presos, organizaciones todas bajo la dirección y control del grupo de coordinación creado por la banda.

Según el escrito de acusación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, dicho área se configuraba como un espacio de coordinación entre los distintos colectivos que conformaban el «conglomerado organizativo» del «frente de cárceles». Las organizaciones que formaban parte de él intercambiaban todo tipo de información relacionada con los presos del EPPK . «Los investigados eran muy conscientes de que la actividad de las organizaciones que dirigían estaba destinada a apoyar y complementar las actividades de la organización terrorista», reza el escrito de la AVT.

El juicio, que comienza hoy y se celebra en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), contará con una veintena de sesiones hasta el 28 de noviembre.

Las operaciones «Jaque», «Mate», y «Pastor », practicadas en enero de 2014, enero de 2015 y marzo de ese mismo año, desarticularon el denominado «frente de cárceles» , una década más tarde de la creación, por orden de ETA, del grupo de coordinación, cuya función principal consistía en dirigir el colectivo de presos vascos integramente, garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad a la banda, y ejerciendo dicha función siempre de forma subordinada a la organización.

El anuncio de ETA de poner fin a los ataques terrorista produjo un reorganización en el «frente de cárceles» del que se sirvió la banda para controlar a los presos desde 2003. En esta nueva etapa la organización terrorista cambió de estrategia y de formas de lucha, pero no de objetivos, según las acusaciones. Uno de ellos seguía siendo el de mantener a los miembros del colectivo de presos vascos «políticamente» activos, con una actitud permanente de «lucha» en el interior de las prisiones. Con ello pretendía reivindicar la vigencia del supuesto conflicto vasco. Los acusados participaron en este proceso, al menos, desde 2012.

De esta forma surgen los distintos entes que conformaban el «frente de cárceles» de ETA a partir de 2012 . Herrira, que fue creado por el grupo de coordinación para ocupar el vacío organizativo generado por la ilegalizada Askatasuna, asumió desde el principio, según la AVT, «las funciones de recaudación de fondos para dar asistencia jurídica, social y médica, así como la responsabilidad sobre los actos de homenaje, bienvenida a miembros de ETA excarcelados y movilización a favor de los presos».

Abogados

Asimismo, la AVT también recoge en su escrito cómo el «Colectivo de Abogados» se integró, a partir de 2012, en una estructura dependiente de ETA, «siendo todos sus miembros plenamente conscientes de esta situación y de las actividades de asistencia jurídico-políticas que realizaban ».

Etxerat y Jaiki Jaidi son otros de los colectivos cuyos miembros serán juzgados por la Audiencia Nacional a partir de hoy. El primero, formado por familiares de presos de ETA, tenía como objetivo el intercambio de información y la coordinación con la mayor eficacia posible con el resto de organizaciones que integraban el frente, mientras que los miembros de «Jaiki Heidi» eran plenamente conscientes de las finalidades que perseguían el resto de las organizaciones.

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