Correos pregunta a la Junta Electoral si debe enviar la propaganda de Vox porque podría vulnerar derechos fundamentales

Sin embargo, Vox defiende, según informa Efe, que sus sobres no pueden suponer lesión alguna de derecho fundamental, puesto que «todos ellos han sido extraídos de publicaciones que ofrecieron los datos basándose en fuentes fidedignas, sin que se tenga noticia de que ninguna persona haya ejercitado acción alguna contra los medios que los publicaron».

En los sobres enviados por Vox a los votantes de Galicia se reprodujeron algunos textos como «Los separatistas del BNG invitaron a un grupo terrorista a su mitin en Santiago» . La formación explica que de esta noticia se hicieron eco diversos medios de comunicación. También se dice que «ante la imposición linguística hay una alternativa» o «ante los progres separatistas hay una España que quiere recuperar su futuro» .

En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, algunos de los sobres llevaban escrito «El País Vasco proporciona ideología de género a los futuros maestros» . También han incluido una frase que dice que «Urkullu considera necesaria la inmigración para afrontar el reto demográfico», mientras que Vox responde a alegando en la misma carta que «ante la invasión de inmigrantes hay una alternativa» .

Ante esta queja, Correos ha asegurado que su actuación ha consistido en elevar una consulta a la Junta Electoral Central para que ésta indique el criterio de actuación con la citada propaganda, según informa Europa Press.

Vox insiste en que estas afirmaciones realizadas en medios de comunicación no fueron desmentidas ni rectificadas ni denunciadas, por lo que «de ninguna manera puede ser considerado como vulnerador de ningún derecho fundamental».

En su escrito, la formación alega que impedir la entrega de los sobres con propaganda electoral vulnera derechos fundamentales como el de Igualdad (Art. 14 CE) y el acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE) y de la Loreg.

Vox explica a la JEC que la medida adoptada por Correos, «motu propio», de intervenir el correo postal es «absolutamente desproporcionada», ya que «no existe fundamento de consistencia para paralizar los envíos postales».