Las peticiones irrenunciables del secesionismo a Sánchez

Ahora, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez quiere retomar el documento, presentado por la Generalitat en forma de agravio, si bien desde el gobierno catalán ya han advertido de que las 45 medidas son parte del pasado y no son negociables.

En cualquier caso, ¿cuál es el contenido de las 18 páginas presentadas en 2016? El documento se basa en cuatro aspectos: la celebración de un referéndum, que las leyes aprobadas en el Parlamento de Cataluña no puedan ser impugnables ante el Tribunal Constitucional (TC), más dinero para sufragar gastos y compromisos adquiridos por la Generalitat y más traspasos competenciales que supondrían menor presencia de la Administración General del Estado.

Al margen del referéndum, descartado incluso por el propio Quim Torra, actual presidente de la Generalitat, ya que el independentismo lo da por celebrado el pasado 1 de octubre, en las 45 medidas restantes figuran la petición de levantar la suspensión de las leyes aprobadas por la Cámara autonómica (pobreza energética, personas refugiadas y acción exterior, entre otras) y que en su mayoría el TC fijó que eran ilegales ya que la competencia para regular las materias en cuestión no es autonómica sino nacional; que el Gobierno permita tributar a la Generalitat sobre los depósitos bancarios, sobre la expedición de la receta médica, sobre la energía nuclear, a las operadoras de telecomunicaciones y sobre los pisos vacíos; que el tipo de interés por acceder al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) sea del 0%; y dinero para el sistema de salud, la ley de la dependencia, el corredor del Mediterráneo y la red de Cercanías de Renfe.

Además, entre las reivindicaciones nacionalistas aparece la de cumplir con la Disposición Adicional 3ª del Estatuto; es decir, equiparar la inversión del Gobierno al PIB catalán. Aunque esta Disposición Adicional no es de obligado cumplimiento para el Gobierno, tal y como dictó el TC . También se reclama la transferencia total de los aeropuertos, los puertos, la legislación laboral y salvamento marítimo; y se exige al Ejecutivo que reforme la ley de garantía de unidad de mercado por «recentralizadora».

Por último, se pide al Gobierno que no se inmiscuya en las escuelas de Cataluña, blindando así el «modelo lingüístico» que excluye el español como lengua vehicular; que permita la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña, con el objetivo de independizarlo del Poder Judicial español; que devuelva definitiva, total y gratuitamente los Papeles de Salamanca; y que la Delegación del Gobierno en Cataluña deje de «actuar contra los Consistorios».