Pedro Sánchez solo consigue que se ejecute un 2% de su megacontrato anti coronavirus

Hasta mediados de abril, y según se ha publicado en el Portal de Contratación, la plataforma donde la Administración debe dejar rastro de todos los contratos que pone en marcha, únicamente se han ejecutado 26 licitaciones basadas en el megacontrato sanitario que tenía previsto dividir su cuantía total en dos ejercicios. Además, los contratos publicados en dicha plataforma hasta la fecha no representan una cuantía demasiado grande. El mayor de los ejecutados hasta el momento alcanza los 27.491.200 euros, mientras que el de menor valor se queda en apenas 8.365 euros.

De igual modo, únicamente diez empresas de las 71 que pasaron el 'examen' de Sanidad y a las que se les adjudicaron los diferentes lotes han recibido algún tipo de encargo, por pequeño que sea, lo que pone en duda la efectividad de un mecanismo de compras centralizadas al que se sumaron 16 autonomías, el Ministerio del Interior y el de Defensa, además de Sanidad, para aprovisionarse. A día de hoy, nueve autonomías han empleado este mecanismo al menos una vez, mientras que entre Interior y Defensa únicamente han adjudicado seis de estos contratos. Sanidad, que se adscribió a este mecanismo para dotar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) de una reserva estratégica tampoco ha dado ejemplo a las autonomías: no ha suscrito ningún contrato por esta vía.

El megacontrato se articuló mediante el bautizado como 'Acuerdo Marco para suministro de material necesario para hacer frente al Covid-19'. La entidad adjudicadora fue el Ingesa, el organismo del Ministerio de Sanidad que llevó la iniciativa en una buena parte de las compras de material médico y de protección contra el virus en el segundo trimestre del año pasado, justo cuando estalló la pandemia. No obstante, su labor no fue suficiente ante la oleada de casos y las inmensas necesidades de material de un sistema que no estaba preparado.

En aquellos meses, los sanitarios se protegían del virus en los hospitales como podían ante la escasez de EPI o tests, las mascarillas no eran obligatorias para los ciudadanos –principalmente porque no había– y las distintas comunidades autónomas, ante la delicadísima situación de desabastecimiento, tuvieron que lanzarse a comprar sus provisiones en un mercado que entonces era como una selva. En esos momentos, con el mando único implantado, se desataron las primeras fricciones entre el Ejecutivo y las comunidades, siendo el choque entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso , que sigue vivo todavía hoy, el más duro. Ante la falta de elementos de protección, la Comunidad de Madrid –como también hicieron otras regiones– se lanzó a la compra de material sanitario por su cuenta en China y llegó a pedir al Gobierno que no bloqueara estos contingentes . El mando único permitía al Gobierno requisar cualquier material que pudieran traer las autonomías para repartirlo, después, como considerara más oportuno en función de las necesidades.

Al margen de la disputa política de hace un año, Sanidad, para evitar caer en el mismo caos, orquestó esta nueva compra centralizada y dividió el megacontrato de 2.500 millones de euros en 11 lotes. Cada uno hacía referencia a un producto, que podían ser trajes de protección, guantes, gafas, mascarillas quirúrgicas, FFP2 y FFP3, tests de coronavirus y kits de extracción . Y cada uno tenía una cuantía económica tope asignada hasta la que se permitía el gasto para que así la Administración, tanto central como regional, pudiera elaborar sus propias 'despensas' ante nuevos envites de la pandemia.

A finales de agosto, Sanidad, gabinete dirigido entonces por Salvador Illa, hizo un llamamiento para que las empresas se presentaran como adjudicatarias a esta licitación millonaria. La compra del material para su posterior venta a la Administración correría a cargo del sector privado siempre y cuando las firmas candidatas pasaran el 'examen' de Sanidad, que establecía un buen número de requisitos para acreditar la solvencia de estas firmas como proveedoras de material sanitario. Después, lo venderían a las comunidades, que disponían de esta herramienta para que no volviera a faltar material.

En la nota de prensa con la que el Gobierno anunció esta enorme licitación, el Ejecutivo destacó que, en un plazo de dos años, se iban a adquirir « 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FFP2 y FFP3, test moleculares Covid-19 (PCR) y kits de extracción». Sanidad también reseñó que 16 comunidades autónomas se adhirieron a este plan para comprar material sanitario a través de la licitación centralizada. Este hecho presuponía que, en el momento en el que necesitaran hacerse con algún lote de los productos incluidos en la lista arriba señalada –que además estaba basada en sus sugerencias y previsiones–, recurrirían a las empresas que, seleccionadas por Sanidad en cada lote, ofrecieran el producto al mejor precio y con las garantías suficientes para evitar fraudes o estafas.

Hasta aquí todo pintaba muy bien. Sin embargo, el paso de los meses ha puesto de manifiesto que este mecanismo en el que el Gobierno ha involucrado al sector empresarial no ha funcionado de la mejor manera posible. Todavía resta más de medio año para cerrar el primer ejercicio de este plan, pero salvo un cambio de tendencia radical, se antoja complicado que el megacontrato vaya a tener un alto grado de ejecución o que, simplemente, vaya a sobrevivir. La mayoría de comunidades autónomas prefiere otras vías para avituallarse y, en este punto, las grandes damnificadas son las empresas que seleccionó Sanidad como adjudicatarias de la licitación. Algunas de ellas ven ahora cómo tienen los almacenes hasta la bandera de una mercancía a la que, en teoría, iban a dar salida fácilmente bajo el paraguas del Gobierno. Este diario se ha puesto en contacto, sin éxito, con Sanidad para conocer cuáles son las cifras de cumplimiento del megacontrato que maneja el departamento de Carolina Darias.

Este nuevo naufragio administrativo vuelve a cuestionar la gestión que el Ejecutivo realizó en los meses más duros de la pandemia de coronavirus. Es el caso, como también adelantó ABC, de los contratos fallidos por valor de 140 millones de euros que suscribió el Ministerio de Sanidad y que se tradujeron en toneladas de material que nunca llegaron a España en los momentos en los que más falta hacían mascarillas, respiradores o test contra el coronavirus.