Pedraz interroga este jueves a los «promotores» del 25-S

Es precisamente este último punto el que va a resultar fundamental para el futuro penal de estos imputados. No en vano, y adelantándose a estas comparecencias, el magistrado solicitó el martes el diario de sesiones del 25-S para analizar si la manifestación que se saldó con 34 detenidos perturbó el orden en el Pleno que se estaba celebrando en la Cámara Baja.

Respecto a estos últimos arrestados el magistrado todavía tiene que decidir si acepta la inhibición de la juez de instrucción número 8 de Madrid, que considera que la Audiencia Nacional no es competente para investigar el delito que ella imputa a estos detenidos, el del artículo 493 del Código Penal: «Los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años». Pedraz ya se pronunció el día después de las detenciones sobre la competencia de la Audiencia Nacional para instruir estos hechos. Señaló entonces que los altercados frente al Congreso de los Diputados no constituían un delito contra las altas instituciones del Estado. De ahí que los atestados policiales se remitieran a Plaza de Castilla.

Si en esta segunda ocasión Pedraz se pronuncia de la misma forma, la juez de Plaza de Castilla tendrá que plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que dirimirá esta cuestión.