Paul Bekaert, el abogado de etarras (y ahora de Puigdemont) que acusa a España de torturas

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El nombre de este flamenco ahora vinculado al último ex Molt Honorable hubiera pasado más inadvertido de no ser por que él fue quien consiguió evitar en 2013 la extradición de Bélgica a España de la pistolera del «Comando Vizcaya» Natividad Jáuregui, alias «Pepona», sospechosa de asesinar a bocajarro en 1981 al teniente coronel Ramón Romeo. Bekaert logró que el Tribunal de Apelación de Gante asumiera sus argumentos de defensa, en los que no dudó en hacer una descripción de nuestro país en «un contexto histórico amplio» que incluyó la represión franquista o el bombardeo de Gernika. También citó un informe del Comité para la Prevención de la Tortura de la UE que relacionaba la prisión incomunicada con los malos tratos.

«Existe la posibilidad de que sus derechos fundamentales no se vean respetados» de ser entregada a España fue la frase lapidaria del dictamen de ese Alto Tribunal que amparó a Jáuregui y detrás de la que se entendió una acusación de que la etarra podía ser torturada en nuestro país. Aquello suscitó la intervención del Gobierno ante la Fiscalía belga, que recurrió ante la Corte de Casación, pero de poco sirvió. La etarra fue puesta en libertad tras haber permanecido en prisión tan solo un mes y medio. Gracias a aquella victoria, son más de 35 años los que la bandolera de ETA lleva esquivando a la justicia , los últimos viviendo en Gante donde cocina marisco en un restaurante de lujo y mantiene un negocio de cáterings presumiblemente próspero.

A pesar de todo, contra ella siguen vigentes tres órdenes de arresto, dictadas por la Audiencia Nacional en 2004, 2005 y 2015. La familia de Romeo ha llevado el caso de Jáuregui al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Desde que en el año 2004 había empezado a aplicarse la euro orden de Detención y Entrega (OEDE) de un país a otro, este caso fue el primero en que un Estado miembro (Bélgica) negó la extradición a otro (España), quebrando así la relación básica de «confianza mutua». Existe un ejemplo anterior, de 2003, también entre ambos países y también con etarras, pero en el que no se invocaron cuestiones referidas a Derechos Humanos, sino a complejidades técnicas y cuestiones de plazos. Su abogado también era Bekaert.

No obstante, señala Efe, no siempre ha conseguido sin embargo su objetivo de parar extradiciones, como ocurrió en 2010 de nuevo con un etarra, en este caso Luis María Zengotitabengoa, que aunque consiguió en primera instancia evitar la ejecución de la euroorden, vio rechazada su demanda en casación, basada en riesgo de tortura y falta de juicio justo en España.

En eso, en Derechos Humanos precisamente, dice ser un especialista el abogado de Puigdemont que, en su conversación con Reuters asegura que no le ha llevado a aceptar este asunto una particular simpatía por a «causa catalana». Y añade la agencia que el ex president buscó al letrado por su experiencia, «no por ninguna conexión con el movimiento separatista flamenco, que provoca en Bélgica un particular interés por la lucha de España con los separatistas catalanes y vascos».