Parte del Consejo Fiscal se revuelve contra Delgado por ignorar a este órgano en la «desescalada»
Los vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales critican las medidas de la fiscal general «inconcretas e irrealizables»
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Los vocales que representan a la mayoritaria Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal presentaron ayer a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el Pleno de este órgano consultivo un documento donde le solicitan que acuerde «medidas concretas y útiles, realmente prácticas», que sirvan para hacer que la reincorporación a las Fiscalías, pueda afrontarse de forma «adecuada, racional, eficaz y segura». Los consejeros hacían esta petición en paralelo a la aprobación del real decreto de Justicia que prevé el regreso paulatino a la actividad judicial con medidas como turnos de mañana y tarde en los órganos judiciales, vistas telemáticas o la habilitación de dos tercios del mes de agosto en todas las jurisdicciones.
Los consejeros firmantes analizan las 60 medidas acordadas por Delgado el pasado 26 de marzo para la «desescalada» en los Tribunales y llegan a la conclusión de que una buena parte de ellas son «inconcretas, inaplicables o irrealizables» en el momento actual. Aseguran sentirse «contrariados» por el hecho de que en la elaboración de ese plan -«para el que se afirma haber contado con las aportaciones de los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo y de sus Unidades Especializadas, así como de las asociaciones profesionales de fiscales«, dicen- se haya prescindido «total y absolutamente» del máximo órgano representativo de la carrera, de extracción democrática además, como es el Consejo Fiscal. Este órgano está formado por nueve vocales elegidos por la carrera (cinco de la AF, que son los que firman este documento, y cuatro de la progresista UPF) y otros tres natos.
«Encontrándonos en un momento excepcional, es imperioso adoptar medidas proactivas, realistas y concretas« que faciliten el trabajo de los fiscales y del personal de las oficinas. Sin embargo, el documento propuesto expone una conjunción de medidas en gran parte «deslavazadas, inconexas e inconcretas» respecto de las que «no se acierta a saber cuál es la respuesta que se pretende dar a la grave situación creada como consecuencia de la crisis sanitaria en el ámbito de actuación del Ministerio Fiscal y cómo debe ser el día después del levantamiento del estado de alarma para todos y cada uno de los fiscales que conforman la carrera fiscal».
Frente a planteamientos genéricos, los fiscales piden que se exprese claramente cómo debe ser esa vuelta a las f iscalías y el desempeño de los distintos servicios. En este sentido, emplazan a Delgado a que con carácter previo al levantamiento del estado de alarma, dicte instrucciones o fije criterios concretos y determinados en ámbitos como la seguridad en el trabajo, donde piden, además de equipos de protección, medidas de seguridad para manipular los expedientes de papel con los que trabajan. También consideran necesario regular con «criterios claros» quiénes y en qué condiciones han de realizar un trabajo presencial en las Fiscalías, y que el expediente digital electrónico sea una realidad, porque mientras no sea así «no puede ser cierta la afirmación con la que comienza el plan de las 60 medidas : La Administración de justicia se halla en condiciones de dar una respuesta ágil y eficaz para toda la ciudadanía». Urge una actuación «decidida» por parte de la fiscal general para que todos los miembros del Ministerio Público tengan los medios suficientes para teletrabajar y disponer desde su ordenador de acceso telemático a las vistas y comparecencias.
Un «calendario real»
Quieren también una coordinación urgente para fijar un «calendario real» en los tres meses posteriores al levantamiento del estado de alarma al que se refiere el real decreto del Gobierno aprobado ayer. «Es necesario que desde la Fiscalía General del Estado se fijen con el Consejo General del Poder Judicial los criterios de fijación de uncalendario de las vistas y demás señalamientos judiciales que vayan a tener lugar, al menos, en ese periodo de tiempo. «Solo así podrán organizarse debidamente las Fiscalías y lograr una actuación eficaz y eficiente, que pueda conjugar además la posibilidad del disfrute de permisos y vacaciones sin detrimento del servicio público», señalan.
Lamentan también que Delgado no haya concretado si habrá vistas u otras actuaciones judiciales en horario de tarde, como contempla el decreto del ministro Campo ni refuerzos ni sustituciones.
En su escrito, los fiscales advierten, además, que el real decreto aprobado ayer agravará la situación de retraso acumulado al crear dos nuevos procedimientos urgentes (el de «compensación» por el incumplimiento del régimen de visitas) y el de modificación de medidas por una merma en la capacidad económica del progenitor derivada de los ERTE). Lo mismo sucede con las vistas penales que quedaron suspendidas durante el estado de alarma y que ahora se tendrán que celebrar.
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