El Parlamento Europeo aprueba que se tramite una reforma de la euroorden

El mecanismo de cooperación judicial conocido como euroorden entró en vigor en 2002 cuando los miembros de la UE decidieron sustituir al tradicional procedimiento de extradición de presuntos criminales por esta fórmula que está basada en que los países confían en la correcta aplicación de la justicia en todos ellos, dado que por su mera pertenencia a la UE están obligados a respetar los principios esenciales del estado de derecho .

Para ello, el informe elaborado por Zarzalejos propone, entre otras medidas, añadir 10 delitos a la lista actual de 32 categorías delictivas que no requieren el control de la doble incriminación por parte de un juez del país donde se encuentre la persona reclamada, lo que por tanto permitiría su entrega automática entre dos países de la UE. Entre estos 10 tipos de delitos se incluye el ataque a la integridad constitucional de un Estado que implique el uso de la violencia; los delitos contra el orden público; los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra; la violencia contra la mujer; la evasión fiscal; o lo actos de contaminación masiva. Algunos de estos delitos no tenían la consideración que tienen ahora cuando empezó a ponerse en marcha la idea de la euroorden, cuando la principal preocupación para países como España era la lucha contra ETA, que se permitía el lujo de tener asesinos refugiados en varios países europeos.

«Sustituir el procedimiento de extradición basado en la desconfianza entre sistemas jurídicos por un procedimiento de entrega basado en la confianza entre los países miembros y el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales constituyó un verdadero salto cualitativo en beneficio del imperio de la ley y de la reparación de las víctimas, mediante la eliminación de espacios de impunidad», dijo Zarzalejos el lunes durante el debate previo a la votación sobre la reforma de la euroorden, que tendrá lugar hoy.

En el caso de los antiguos responsables de la Generalitat de Cataluña encabezados por Carles Puigdemont que han huido a Bélgica para no ser juzgados en España, esta reforma no sería de aplicación en ningún caso, porque sería una aplicación retroactiva . Pero supone al menos una cierta política de prevención si ocurriesen nuevamente hechos parecidos. La legislación europea protege en cualquier caso el respeto al orden constitucional interno de todos los países y no es razonable que un asunto de este calibre esté desprotegido en los mecanismos de cooperación judicial entre países, ahora que hasta la tramitación de las multas de tráfico utiliza este mismo principio.

Por ello, Zarzalejos ha explicado que el objetivo de esta reforma de la euroorden es «una cooperación más fluida entre estados miembros que protegen bienes jurídicos esenciales, ya que estos estados forman parte y se reconocen como miembros de una comunidad de derecho. La seguridad y la libertad se enfrentan hoy a nuevos desafíos, a nuevas formas de criminalidad, a poderosos medios tecnológicos utilizados en su contra, a nuevas amenazas de desestabilización violenta y a nuevas formas de victimización, por lo que la única alternativa a todo ello es la cooperación».