«Hay que prohibir por ley que la TV pague a condenados y familiares porque es perverso»

El Gobierno debe acometer, considera Ana M. Oramas , autora de la iniciativa, "las reformas legislativas pertinentes para impedir que los condenados por la Justicia con sanciones económicas pencientes y sus familiares o allegados puedan lucrarse por relatar sus testimonios en programas de televisión". La Comisión Constitucional del Congreso debatirá esta proposición registrada en la Cámara Baja por el partido canario, que también insta a estudiar que la prohibición se extienda también a las personas en cuanto estén imputadas en delitos hasta su resolución judicial. En la exposición de motivos de la PNL, la diputada Oramas se remite a casos concretos (y recientes), porque estos casos "se han multiplicado en las últimas fechas con la aparición de nuevos personajes", que han contribuido -señala- a subrayar "la perversión de valores que supone que, por ejemplo, un crimen" proporcione suntuosas cantidades económicas a quienes lo han perpetrado y sus parientes". Oramas pasa revista a numerosos "delincuentes convictos" como el exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán , que percibieron 350.000 y 500.000 euros, respectivamente; la entrevista al asesino de Sandra Palo, "El Rafita" , y la última, a Rosalía García , madre del menor sentenciado por encubrir el crimen de la joven sevillana Marta del Castillo, que percibió alrededor de 9.000 euros. En opinión de los nacionalistas canarios, es más grave, evidente, en el caso de medios públicos, y añade que no se puede consentir que "medios que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones públicas realizadas por el Estado vengan a premiar a la postre a delincuentes con cantidades que ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas". "No consta que se hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones impuestas", objeta Oramas. Coalición Canaria pide al Ejecutivo de Mariano Rajoy que haga realidad la "ilegalización" de esos pagos a determinados reos y allegados a través de la modificación de la Ley de Televisión Privada y de la Ley de RTVE, o por su "desarollo reglamentario".

En la misma iniciativa, la parlamentaria nacionalista censura que "se está financiando de esa forma a personas que, a veces mantienen ocultos los recursos obtenidos con sus delitos. Es un contrasentido ante el que los poderes públicos no pueden permanecer impasibles; con independencia de que corresponda a las organizaciones profesionales de la comunicación y el periodismo la autorregulación debida para que se restablezcan las buenas prácticas deontológicas". También pide no aludir solo a los medios audiovisuales, sino que se prohíba la concesión de beneficios económicos por sus apariciones a esos delincuentes y allegados "en cualquier otro tipo de medio de comunicación impreso o digital”.

La proposición que se debatirá en la Comisión parlamentaria apunta que "la extensión continuada de pagos" a estas personas a cambio de tiempos de pantalla "se ha convertido además, en muchos casos, no ya sólo en un circo , donde no se respeta ninguna regla informativa, sino en un trampolín para la comisión de otros delitos de calumnias o injurias”.