Los padres se rebelan contra la imposición por decreto del euskera en las escuelas

«Nunca tanta verborrea escondió una única intención: la de erradicar la enseñanza en castellano en el País Vasco e imponer el euskera como lengua vehicular». Pablo Gay-Pobes, portavoz de la Plataforma

BLANCA TORQUEMADA. MADRID.
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«Nunca tanta verborrea escondió una única intención: la de erradicar la enseñanza en castellano en el País Vasco e imponer el euskera como lengua vehicular». Pablo Gay-Pobes, portavoz de la Plataforma por la Libertad Lingüística, se refiere al decreto 175/2007 del Gobierno vasco que establece el currículo de Educación Básica en la Comunidad Autónoma y que ha desatado una amplia contestación social porque, de facto, achica espacios al idioma común de los españoles hasta extremos de asfixia. La plataforma agrupa ya a dos mil padres que reclaman que se garantice la supervivencia del «modelo A», el que ellos quieren para sus hijos, en el que las clases se imparten en castellano y el euskera es una asignatura más. Una opción refrendada en teoría por la Constitución, por el Estatuto de Autonomía y por la Ley de la Escuela Pública Vasca, normas todas ellas de referencia y de alto rango que, según Gay-Pobes, «se intentan desactivar ahora subterráneamente mediante este decreto». El mecanismo no es expreso, pero tampoco excesivamente sutil: «La clave está en que han establecido que los estudiantes al terminar la etapa de escolarización obligatoria a los 16 años deben superar un examen de capacitación en euskera de nivel B-2, que viene a ser como el del «First Certificate» del inglés. Algo inviable para los hayan seguido una educación en castellano». No hay escapatoria posible, ni para las familias de mayor nivel económico, pues el decreto es vinculante para todos los centros educativos, ya sean públicos, concertados o privados.

El momento más desalentador para los padres de la plataforma se produjo cuando a principios de febrero se entrevistaron con el consejero de Educación, Tontxu Campos Granados, de Eusko Alkartasuna: «Le preguntamos si conocía algún país del mundo en el que no se pueda estudiar en la lengua oficial dentro de su territorio ¡y nos dice que sí, que Cataluña! Tuvimos que recordarle que Cataluña es hoy por hoy una parte de España». El consejero, de origen zamorano, explicó a la Plataforma que él no ha de rendir cuentas de su ejecutoria ante grupos cívicos, sino ante la Cámara vasca, y que en el ámbito parlamentario no se había movido resorte alguno, pues el plazo de los recursos contra la ley terminó en enero.

Reñido con la realidad

La mayor parte de los padres que se han implicado en la protesta son residentes en Álava, una provincia, según recuerda Gay-Pobes, «donde esta imposición del euskera está particularmente reñida con la realidad sociolingüística, pues el 94 por ciento de los habitantes somos castellanohablantes». Añade que «el Estatuto habla del derecho a conocer y hablar el euskera, no impone una obligación que vulnera las libertades individuales. La posibilidad de elegir era una derecho básico que hasta ahora se ha respetado y que se había consensuado en el Parlamento vasco en 1993 con apoyo de todos los grupos y que ahora se erradica y, encima, por decreto. De entrada, la oferta de enseñanza en castellano queda en un nivel casi testimonial, pues para el próximo curso sólo se ofertarán en Álava 200 plazas del modelo A. Hay una sangrante desproporción entre la oferta y la demanda que nos está invitando a marcharnos de nuestra propia tierra».

Para la Plataforma de Defensa de la Libertad Lingüística, el caso de Cataluña, con ser grave, no es tan traumático como lo que se pretende instaurar en el País Vasco a muy corto plazo, cuando actualmente sólo el 15 por ciento de la población se expresa habitualmente en euskera. Gay-Pobes explica que «para hacernos una idea de lo que se va a exigir, ningún alumno del modelo A en castellano está en condiciones de superar un examen de capacitación de lengua vasca como el que se establece. De los que siguen el modelo B, mixto en las dos lenguas oficiales, lo suspende el 70 por ciento. Y de entre los de modelo D sólo en euskera no lo aprueba un 33 por ciento. Es un nivel que permite mantener conversaciones elaboradas o científicas y formular frases complejas».

La entrada en vigor de este currículo otorga, teóricamente, un mayor grado de autonomía a los centros a la hora de alcanzar los objetivos mínimos de la etapa de educación obligatoria. Otra «trampa», en opinión de la plataforma de padres, pues el listón del nivel B-2 de euskera fuerza a los colegios a desechar el modelo en castellano, y a primar el D (incluso por encima del B mixto) como único que garantiza el «éxito» de sus alumnos. La plataforma por la Libertad Lingüística asegura que esta cuestión es crucial, pues estima que de los resultados académicos que los centros acrediten dependerán sus futuras subvenciones.

Decreto «contaminado»

El texto del decreto 175/2007 del Gobierno vasco está «contaminado» ya desde el preámbulo, en el que se revela que la normativa, más de euskaldunización que de desglose del currículo, nace «de la voluntad de construir una visión global, plural y abierta, a partir de la visión propia y específica de Euskal Herria, entendiendo por tal el ámbito referido al conjunto de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Navarra (Baja y Alta) y Zuberoa». Con estos mimbres (ajenos al espíritu de la Constitución y del Estatuto), el decreto entra en materia después: «El euskera será la lengua principal en este nuevo marco» y «ocupará un papel integrador en el sistema educativo como lengua principal».