Pablo Iglesias critica las puertas giratorias, pero ficha a jueces en excedencia

En el caso de Yllanes, el salto a la política no ha sorprendido. Es el propio magistrado el que ha proclamado abiertamente que «no se puede separar la función jurisdiccional de la ideología » o que no tendría ningún reparo en manifestarse «en defensa del Estatut» como lo ha hecho en «actos reivindicativos del medio ambiente». Lo dijo hace apenas tres años en una entrevista publicada en «La Opinión de Málaga» . Como buen juez estrella, Yllanes se deja querer por la prensa.

Sevillano y sevillista, el magistrado, de 55 años, ingresó por oposición en la carrera el 21 de junio de 1989, hace 26 años. Antes de la Audiencia de Palma, Yllanes, de talante progresista , había pasado por distintos de juzgados tanto de Palma como de Sevilla y Barcelona. Cinéfilo y actor frustrado, habla inglés, catalán y algo de italiano, y hasta hace poco ha sido el azote de la corrupción urbanística en las islas. De hecho, fue ponente de sentencias pioneras en esta materia, como la del caso Andratx, por el que en 2008 fue condenado a cuatro años de cárcel el alcalde del PP Eugenio Hidalgo.Pero también de otras con protagonistas tan polémicos como el imán de Fuengirola que escribió un libro sobre cómo pegar a la mujer sin dejar marcas . Yllanes lo calificó de «machismo obsoleto».

También ha dejado traslucir tintes ideológicos en sus autos la juez Victoria Rosell. Especialmente crítica con los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE ), es juez de control del de Barranco Seco, en Gran Canaria. En su último auto, fechado a mediados del pasado julio, Rosell arremete contra Interior por incumplir la legalidad vigente en el centro que custodiaba, en el que residen «personas privadas de libertad y alejadas de los suyos». Rosell ha destacado también por sus críticas a las últimas reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana , de la que dijo «se centra casi exclusivamente en el incremento de la represión» y es una «criminalización de la disidencia».

Yllanes y Rosell dan el salto a la política conscientes de que la ley del Poder Judicial establece como incompatibilidad precisamente las actividades que ahora van a desempeñar. Ahora bien, cuando quieran podrán volver a ejercer las funciones jurisdiccionales sin más límites que los que ellos mismos se impongan (o les impongan terceros a través de recusaciones) por la relación o conocimiento previo que hayan podido tener de algunos asuntos. Junto al ejercicio de la política (y la de cualquier otra ajena al Poder Judicial), el juez no puede trabajar en organismos o empresas dependientes de administraciones públicas, ni ejercer cualquier profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica. También considera incompatible el ejercicio de toda actividad mercantil desde cualquier cargo que implique intervención directa, administrativa o económica en empresas.

Además, lejos de que un paréntesis en el ejercicio de la judicatura pueda implicar un parón en la antigüedad del juez , la realidad indigna al resto de magistrados: el tiempo que están en política no detiene el contador del juez, que sigue teniendo las mismas oportunidades de subir en el escalafón que si siguiera ejerciendo como tal.