La otra agenda que tapa la pandemia

Parecía imposible, pero el bucle eterno en el que vive inmersa la vida política e institucional de este país se ha frenado. El desafío del independentismo en Cataluña ha caído a un segundo plano. La «mesa de diálogo» entre Sánchez y Quim Torra se pospone. Hasta nuevo aviso. Y no parece que será pronto vista la reacción del nacionalismo, que acusa al Gobierno de imponer un «155 encubierto» tras decretar el estado de alarma en el país.

La crisis sanitaria también ha dejado en el olvido la dimisión del que fuera consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Alfred Bosch , por encubrir un presunto caso de acoso sexual en su departamento. Bosch (ERC) dejó el cargo de consejero el lunes, solo unas horas antes de que el foco mediático se centrara, exclusivamente, en el coronavirus. Quim Torra (JpC), presidente de la Generalitat, le invitó, nada más publicarse el caso, a dejar el gobierno catalán. La cercanía de las elecciones regionales hizo que JpC no tuviera contemplaciones con sus socios de gobierno . ERC dejó caer a Bosch. Al parecer el que fue jefe de Gabinete de Bosch habría acosado a ocho mujeres de la Consejería, que no denunciaron el caso ante los tribunales pero sí a sus superiores. La tramitación de los presupuestos catalanes sí siguen su curso. Su aprobación marcaba el inicio de la precamaña electoral en Cataluña, aún sin fecha. El Parlament suspendió toda la actividad, salvo la de la Comisión de Hacienda, que validó el jueves el dictamen con el apoyo extra de los comunes, para pasarlo al Pleno. Ciudadanos recurrirá esta maniobra ante el Consejo de Garantías Estatutarias, que retrasará las cuentas.

Una gigantesca mole de escombros se precipitó el 6 de febrero en el límite de Vizcaya y Guipúzcoa, alcanzando la autopista, que es la arteria principal vasca. Dos trabajadores, Joaquín y Alberto, quedaron sepultados sin que sus cuerpos hayan sido rescatados aún. Hace semanas que los vecinos de Éibar y Ermua, dos localidades cercanas a Zaldívar, llevan mascarillas por la derivada de desastre medioambiental de este trágico suceso, que estaba llamada a condicionar toda la campaña de las elecciones vascas del 5 de abril.

El lendakari, Iñigo Urkullu, pidió perdón tras una reacción titubeante y una gestión deficiente de la crisis, en la que se obvió la presencia de amianto -una sustancia muy contaminante- que complicó aún más las labores de rescate. Este trágico suceso estaba siendo el vector de la precampaña de las elecciones autonómicas vascas del 5 de abril, que al igual que las gallegas, han quedado en cuarentena. Es seguro que no habrá campaña: los discursos partidistas están obligados a dejar paso a la coordinación de todos para atajar la emergencia sanitaria. Y las urnas siguen en el aire.

Vitoria, como Madrid, fue la primera zona en ser declarada de «transmisión alta» del coronavirus. La existencia de focos de contagio incontrolados obligó al cierre de los centros educativos y a poner en cuarentena a personal sanitario de los dos hospitales de referencia de la capital alavesa. Esta circunstancia hizo saltar la duda sobre la conveniencia de celebrar la jornada electoral del 5 de abril. Los Gobiernos vasco y gallego estudian si hay vías legales para aplazarla ante la previsión de que no podrá celebrarse con garantías para toda la pobación. Sánchez dejó ayer en manos de Urkullu y Feijóo la decisión de poner las urnas o posponerlas. «Nos parece poco razonable celebrar las elecciones» en la situación de emergencia actual, señaló el presidente, que no resolvió el entuerto.

Antes de que el coronavirus pusiera en jaque al país y su economía, los planes del Gobierno pasaban por tener los Presupuestos operativos «antes de verano». Sin embargo, la irrupción de la pandemia ha desmoronado todos los cálculos establecidos y el Gobierno trabaja ahora contrarreloj para tenerlos listos cuanto antes. El pistoletazo de salida podría darse en cuestión de semanas, apoyados en la urgencia que vive el país, pero el trámite parlamentario es largo. Por lo pronto, el ministerio de Economía estudia ya el nuevo escenario macroeconómico que acompañará al proyecto de ley y que nada tiene que ver con el actual, pues deberá recoger una rebaja del PIB -aún por concretar- y del empleo, además del fuerte aumento de gasto público necesario para hacer frente a la epidemia. El impacto de la crisis en sectores clave para la economía española, como el turismo y los servicios, augura datos negativos de afiliación. El nuevo boceto de las cuentas excluiría las subidas de impuestos e incluiría todo el plan de medidas orientadas a contener el contagio sanitario y económico del virus. Por María Cuesta.

La actualidad política en Baleares había estado marcada en los dos últimos meses por los casos de abusos y de explotación sexual infantil de menores tutelados detectados recientemente en Mallorca. La oposición (PP, Cs y PI) exige la creación de una comisión de investigación sobre los 16 casos que han trascendido. La propuesta fue rechazada por el equipo de gobierno tripartito del Consell, que preside la socialista Catalina Cladera. PSOE, Unidas Podemos y MÉS votaron también en contra de investigarlo en el Parlamento regional. Finalmente, sólo se ha puesto en marcha una comisión de expertos en el Consell de Mallorca, impulsada por el tripartito insular.

La crisis política abierta en el Consell de Mallorca ha acabado por afectar también al Gobierno balear. Así, desde la oposición se acusa de manera reiterada a la presidenta del Govern, la socialista, Francina Armengol, y a la consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, de MÉS, de intentar «tapar» los casos de abusos y de explotación sexual infantil, acusación que Armengol y Santiago rechazan. Por Josep María Aguiló.

La administración judicial también se ha frenado ante los estragos del virus, pero hasta hace unos días seguían avanzando causas muy «mediáticas», como el procedimiento contra el futbolista Marcelo, condenado a más de 100.000 euros de multa por delitos de tráfico. O el «Delcygate», la causa que investiga el paso por el aeropuerto de Madrid de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez y que puso en el disparadero al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por ir a reunirse con quien no debía pisar suelo europeo.

En la Audiencia Nacional se celebraba esta semana el sexto juicio por la trama Gürtel, relativo a los contratos audiovisuales durante la visita del Papa a Valencia en 2006. La mitad de los 22 acusados han llegado a acuerdos con Fiscalía Anticorrupción y están reconociendo los hechos y la implicación, entre otros, del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, así como han salpicado al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y al que fue su consejlero de Comunicación, Esteban González Pons, en la decisión de contratar con las empresas de Francisco Correa. Él, por cierto, esta vez ha declarado y se ha atribuido la moción de censura que sacó del Gobierno a Mariano Rajoy.

Fuera del banquillo, por ahora, sigue el comisario Villarejo. Esta semana se habían reactivado varias de las líneas de investigación que estrechan el cerco sobre él, que el miércoles compareció por seis asuntos diferentes, como el espionaje a Bárcenas o los encargos para empresas del Ibex, sin despertar tampoco la expectación que se suele generar cada vez que interviene ante el juez y Anticorrupción. Por Isabel Vega.

Solo una pandemia global podía ensombrecer la aprobación definitiva de Madrid Nuevo Norte, el mayor desarrollo urbanístico de los próximos 25 años en Europa. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, avanzó que el 25 de marzo se daría luz verde al informe de impacto medioambiental del proyecto, tras más de un cuarto de siglo de espera, pero ese mismo día se anunció la primera de las medidas contra el coronavirus en la Comunidad de Madrid y el resto de España, salpicando la antigua operación Chamartín de la incertidumbre generalizada. La propia consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid , Paloma Martín, guarda cuarentena tras ser contagiada por el virus.

El panorama es difuso pero fuentes de la consejería de Medio Ambiente, que estudia el plan desde el pasado verano, tras haberlo aprobado el Ayuntamiento, detallaron a ABC que en principio no habrá ningún problema y «todo sigue su curso». Se ejecutará, dicen, por teleconferencia o similar. El plazo para la aprobación, no obstante, vence con el mes de marzo. Por Ignacio S. Calleja.