La oposición insiste en sus críticas a la Ley de Seguridad Ciudadana pese a la estadística favorable

Según estadísticas suministradas por el Ministerio del Interior y que publicó ayer ABC , el 85% de las denuncias tramitadas hasta septiembre —durante los tres primeros meses de aplicación—, tienen que ver con el tráfico de drogas y el uso de armas prohibidas. De las 118.186 denuncias presentadas al amparo de la LOPSC, solo 25, un 0,02%, lo fueron por perturbar una manifestación lícita, y tan solo 4 por manifestación no comunicada a las autoridades.

En el Partido Popular, promotor de la nueva ley desde el Gobierno, defendieron su funcionamiento durante estos tres meses. El portavoz adjunto y miembro de la diputación permanente del Congreso, Leopoldo Barreda, argumentó apoyándose en los datos de este primer trimestre de andadura de la norma: «La realidad ha venido a ratificar lo que ya dijimos: que la ley de Seguridad Ciudadana nacía para defender las libertades, garantizar los derechos y no menosabar ni unos ni las otras» .

A juicio de Barreda, «se ha mejorado el funcionamiento legal, se aplica en beneficio de todos, y no se limitan tampoco ni el derecho de reunión ni el de manifestación », como tanto se criticó desde la oposición, que rápidamente acuñaron el término de «Ley Mordaza» contra la norma.

El diputado popular señala que esto «nunca pasó de ser un eslógan político». En su criterio, «los partidos de oposición hicieron una lectura voluntarista y deformada» del espíritu de la norma; «nunca quisieron debatir el contenido de la ley; sólo hacer una caricatura de la misma».

El portavoz del Grupo Socialista ante la Comisión de Interior, Antonio Trevín , señaló ayer que pese a esos datos, el PSOE sigue insistiendo en que se trata de una «Ley mordaza» porque, primero, ha bajado el número de manifestaciones y «algo tendrá que ver» el endurecimiento de la legislación por parte del PP.

Además, Trevín denunció casos sangrantes como la multa de 800 euros a una mujer por sacar una foto a un vehículo policia l o los 600 que le cayeron a un joven por portar una camiseta con las siglas ACAB en una protesta local en Alicante.

Esas multas solo pueden ser recurridas judicialmente una vez pagadas, un extremo que para el PSOE provoca «indefensión» a los afectados y coloca a la autoridad gubernativa en una situación«de juez y parte» en el conflicto.

Cuando la norma fue aprobada, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se mostró muy crítico con la aplicación de la conocida como «ley mordaza». «Aquí están en juego derechos fundamentales que nos están cortando, que nos están pisoteando . Es un error grave en la política española», aseguró. El líder emergente se mostraba partidario de derogar aquellos artículos que pisoteasen los derechos fundamentales.

Rivera fue sumamente contundente al asegurar que era «un paso atrás en la división de poderes» porque fuese el Gobierno y no los jueces los que puedan multar a los manifestantes. «La ley mordaza es el típico calentón político de los que no entienden lo que está pasando, un intento de control de todos. Es un error para nuestra democracia», criticó Rivera.

Ayer, tras los datos expuestos por ABC, el vicesecretario general del partido, José Manuel Villegas, aseguraba que su postura no ha cambiado a este repecto. «Consideramos que la regulación anterior para todo aquello referente al derecho de manifestación era suficiente» .

Villegas plantea que, estos datos demuestran que no está habiendo un gran cambio en ese aspecto, y que precisamente por eso quizás no era necesaria. «Si no hay un número elevado de denuncias es porque hay que ver de qué manera se está aplicando» .

Desde la formación morada plantearon ayer que, si la nueva norma sólo sanciona conductas ya contempladas en la anterior, cuál es la utilidad de su promulgación que, a juicio del partido de Pablo Iglesias, es «una prueba más de la torpeza del actual Gobierno» .

«No podemos dejar que las estadísticas difuminen la realidad: un 0.02% de sanciones derivadas del libre ejercicio del derecho a la manifestación ya es un 0.02% más de lo que un estado democrático que se digne de serlo merece », sostienen fuentes del partido. Podemos mantiene su compromiso de derogar la Ley Mordaza «en cuanto llegue al poder».

La formación morada recuerda que su oposición a la ley de Seguridad Ciudadana no se debe sólo a «las vulneraciones del derecho a la libertad de expresión o al derecho de los ciudadanos a manifestarse o parar desahucios, por poner tres ejemplos». Fuentes de Podemos recuerdan que el partido se opone a otras medidas contempladas en la ley como «el incremento absurdo de las sanciones respecto de conductas ya contempladas en la legislación anterior» o, por poner otro ejemplo, «la legalización 'ad hoc' de las llamadas devoluciones en caliente, que la normativa y jurisprudencia europea e internacional han establecido en repetidas ocasiones que son ilegales».