Cosidó y Pradas, al presentar ayer el recurso en el TC a la ley de abusos policiales
Cosidó y Pradas, al presentar ayer el recurso en el TC a la ley de abusos policiales - ABC

La oposición aísla a Sánchez en sus guiños a los nacionalistas con la ley de abusos policiales

PP y Cs recurren ante el Constitucional los textos del País Vasco y Navarra, donde también se sumó Vox

MadridActualizado:

El PP en el Senado presentó ayer un nuevo recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley vasca de Abusos Policiales que, como denuncia, «equipara» a las víctimas del terrorismo etarra con sus verdugos. Esto se debe, entre otros aspectos, a que el texto ampara a todos aquellos que acrediten de cualquier forma haber sufrido «violencia política» entre los años 1978 y 1999 en el País Vasco. Además, estima la creación de una Comisión de Valoración facultada a otorgar la condición de víctima y las ayudas que le corresponderían recibir, un aspecto que puede invadir las competencias de los organismos judiciales.

Se trata de la segunda ofensiva popular contra la ley, aprobada en 2016 en el parlamento vasco y cuya modificación posterior salió adelante el pasado abril gracias a los votos favorables del PNV y el PSE. Todo ello después de que el Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez desistiera en la defensa del recurso original contra la norma, elevado también ante el TC por Mariano Rajoy en 2017, pese a que magistrados lo admitieron a trámite. Igual que el presentado en junio de este año por Ciudadanos contra esta misma norma.

El anuncio corrió a cargo del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, justo antes de reunirse en la Cámara Alta con representantes de hasta quince sindicatos y asociaciones de la Policía y la Guardia Civil, que en numerosas ocasiones ya han mostrado su rechazo absoluto a esta ley. La llegaron a calificar como un atentado «contra el honor de las Fuerzas de Seguridad», cuyas bajas en la lucha contra el terrorismo de ETA se cuentan por centenares.

«Insulto a las víctimas»

Los colectivos de víctimas también han hecho público en numerosas ocasiones su malestar con la norma y con que Sánchez transigiera después ante los intereses nacionalistas. Sin ir más lejos Covite denunció el año pasado, cuando se intensificaron las presiones del PNV a Sánchez para aprobar en el País Vasco la modificación del texto que ahora el PP vuelve a recurrir, que la ley «blanquea la actividad» de la banda terrorista ETA.

«Equipara a víctimas con verdugos y supone un insulto y una infamia al trabajo de la Policía y la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo, además de una ofensa hacia todas las víctimas», censuró ayer Cosidó, quien también cargó contra una de las figuras más polémicas del armazón normativo de la ley vasca. «Conserva la creación de la Comisión de Valoración, con idénticas características y funciones y con dos competencias:reconocer derechos económicos a personas que denuncien malos tratos policiales y, una segunda, mucho más disimulada, que es desacreditar a las Fuerzas de Seguridad del Estado por un procedimiento basado en el voluntarismo político, sin el conjunto de garantías jurídicas». Igualmente, la base del recurso elevado por el PP se sitúa en que, como exponen sus senadores en el recurso, «la ley vulnera, por una parte, la reserva constitucional de la función jurisdiccional que corresponde al Poder Judicial, así como el principio de Estado de Derecho y del sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».

También en Navarra

La situación se replica en Navarra, donde PP, Cs y Vox también han recurrido su norma ante el TC. El parlamento de la Comunidad Foral aprobó en marzo una ley similar a la vasca y que sustituyó a un texto de 2015 anulado por el TC por «invadir funciones propias de la jurisdicción penal», justo lo que ahora cuestionan PP yCs.

Como informó ABC, la nueva ley de abusos policiales navarra, apoyada por el cuatripartito –Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra– y con la abstención de los socialistas del PSN, nació con un informe negativo de los servicios jurídicos del parlamento regional. Los abogados advirtieron que el nuevo texto «contravenía» la doctrina sentada por el TC al anular, precisamente, la ley de 2015. Pese a ello, siguieron adelante y la legislación fue aprobada.

Ahora, meses después, el PSN está en disposición –Bildu mediante– de gobernar en Navarra y Sánchez sigue necesitando el apoyo de los nacionalistas vascos para conseguir un proyecto de legislatura con los apoyos necesarios para ser estable. La ley de abusos policiales, pese al malestar, sigue vigente en ambos territorios pero, tras los movimientos de PP, Cs y Vox, el TC tendrá que decidir.