El calendario de Torrent que tensa al Estado de Derecho

Torrent anunció su apuesta -la segunda, tras el fracaso de la candidatura de Carles Puigdemont - justo al finalizar la ronda de contactos que mantuvo durante todo el día con los líderes de los grupos políticos parlamentarios y cuando todavía no había finalizado la rueda de prensa de Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos y última en reunirse con Torrent.

Sin embargo, este no fijó el día y la hora del pleno de investidura. Elsa Artadi (JpC), unos minutos antes, tras reunirse con Torrent, le pidió públicamente que dé tiempo a JpC - al menos 48 horas - para cerrar un acuerdo con ERC y de estos dos con la CUP, pues Sànchez sigue en la misma situación que el sábado: sin los votos mínimos para poder ser investido presidente.

La película de los acontecimientos, así, sigue el guión previsto por Puigdemont, cuando al dar un paso al lado señaló con su dedo a Sànchez como su sucesor. Una designación que cumple con el objetivo de JpC: tensar la situación con el Estado de Derecho.

Como sucedió con la candidatura de Puigdemont, la de Sànchez tampoco va a estar exenta de trámites judiciales . Su condición de preso preventivo implica que el permiso para asistir al debate de investidura depende exclusivamente del juez Pablo Llarena, que instruye en el Tribunal Supremo la causa por rebelión contra miembros y ex altos cargos del anterior gobierno de la Generalitat. Solo hay un precedente de un preso preventivo que se sometió a un debate de investidura: el etarra Juan Carlos Yoldi. En aquella ocasión, se le permitió asistir, aunque no fue él, sino José Antonio Ardanza, el elegido finalmente lendakari.

Entre tanto, el Tribunal Constitucional (TC) tenía hoy en sus manos la posibilidad de desbloquear el calendario para posibilitar una investidura efectiva o la repetición de las elecciones. La ley fija un plazo de dos meses para investir a un candidato si la primera votación ha sido frustrada, pero en este caso ni siquiera se ha cumplido ese trámite, pues Torrent suspendió «sine die» el pleno del 30 de enero en el que los independentistas pretendían elegir a Puigdemont de forma telemática. Lo hizo tras acordar el TC que esa investidura solo podía llevarse a cabo de forma presencial.

Y es precisamente la convocatoria de aquel pleno de investidura con Puigdemont como candidato uno de los puntos que el órgano de garantías tiene previsto abordar desde hoy. Se trata de una impugnación del Gobierno sobre cuya admisión a trámite los magistrados no llegaron a pronunciarse, pero sobre la que sí acordaron como medida cautelar la suspensión de un pleno en el que el candidato no fuera a comparecer de forma presencial.

Con el paso al lado del expresidente autonómico huido, la previsible admisión a trámite de este recurso en este momento no aportará mucha luz al hasta ayer bloqueo del Parlamento catalán teniendo en cuenta que las medidas cautelares que había que tomar (no permitir una investidura a distancia) ya se tomaron el pasado 27 de septiembre en un pleno extraordinario.

Sí podría arrojar luz al enredo político el segundo recurso que los magistrados tienen previsto abordar: el amparo solicitado por el PSC contra la decisión de Torrent de aplazar el pleno de investidura. El PSC sostenía que parar el reloj vulneraba los derechos de sus diputados e instaba al tribunal a que les restableciera «su derecho en plenitud», declarando que al no haberse celebrado el pleno en los diez días previstos en la ley, se tiene por iniciado el plazo de dos meses señalado para que, en ausencia de candidato, se convoquen elecciones.

Antes de trascender que Torrent convocaría un pleno de investidura con Sànchez, fuentes del TC señalaron su intención de no entrar en el calendario parlamentario y limitarse a admitir a trámite el recurso de amparo del PSC para resolver sobre el fondo «más adelante».