Okupa profesional: la plaga que amenaza la convivencia

El origen de esta delincuencia, precisa el letrado, está en el «nulo poder disuasorio» de un artículo 245.2 del Código Penal que castiga la ocupación con una simple «multa de tres a seis meses» que nunca pagan los insolventes agresores, cuyo perfil se está alejando del de familias en riesgo de pobreza o exclusión social para adentrarse en el de la «profesionalización».

Son okupas de guante blanco, expertos en sus derechos y en tildar todo lo que se les pone enfrente de «coacción», que incurren en lo ajeno con una desinhibición olímpica. Prueba de la organización de esta nueva primera clase de usurpadores es la existencia de mafias, que se adelantan, cambian los bombines de las cerraduras, enganchan los suministros y dejan todo listo para entrar a vivir, llave en mano por 200 o 300 euros. O alquiler por meses. Sólo hay que elegir: está el adosado, el apartamento en la urbanización lujosa, ese chalet de segunda residencia con piscina, donde no hay quien se resista a hacerse un selfie que colgar en las redes.

Los datos del Ministerio del Interior certifican un aumento efectivo de la ocupación: entre enero y mayo de 2019, el conjunto de las Fuerzas de Seguridad registró la usurpación de 5.928 viviendas en España. 39 cada día. Este 2020 han sido 5.770, -38 al día- pero hay que descontar que tanto la vida normal como la maquinaria de la Administración se detuvieron debido a la pandemia el 14 de marzo, por lo que si solo se considera el tiempo transcurrido hasta esa fecha, la media ascendería a 79 ocupaciones diarias.

Los números del Consejo General del Poder Judicial, que computa los casos que terminan llegando a los juzgados, describen la misma dirección ascendente: el año pasado fueron 901 en el primer trimestre; 953 en el segundo; 982 en el tercero y 1.181 entre octubre y diciembre, un récord. De enero a marzo la estadística recoge otros 792, pero de nuevo hay que tener en cuenta que en parte ya se estaba bajo la alerta sanitaria. El volumen es llamativo en Andalucía y Cataluña, y algo por detrás, en las Comunidades de Madrid y Valenciana. En términos totales, el estudio de referencia de esta práctica ilegal es el del Instituto Cerdá, que calcula que en España hay 87.500 ocupaciones de viviendas, a las que cabría sumar las no denunciadas, con lo que se calcula que serían unas 100.000.

La «okupación» en sí no es un fenómeno nuevo, sí esa ampliación a colectivos que recurren a ella aprovechando no sólo la casi impunidad sino un clima político particular. El pasado 30 de marzo, en pleno confinamiento, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, invocaba el artículo 128 de la Constitución que establece que «toda la riqueza del país» está subordinada al interés general, lo que no pasó inadvertido cuando días después el Ejecutivo emitió una orden que prohibía el desahucio de personas «vulnerables».

Sectores de la oposición se apresuraron a leer en ello un amparo a la okupación, sin perder de vista que antes de la pandemia, Podemos había registrado junto a ERC y el Grupo Mixto una Proposición de Ley de Emergencia Habitacional que prevé obligar a propietarios a ceder viviendas vacías o a «regularizar» en régimen de alquiler social a sus okupas en caso de que los hubiera.

«El proceso de bolivarización constante de la economía española de este aprendiz de Nicolás Maduro es la situación general de la izquierda, con la falsa progresía de defender a los okupas, de reirles las gracias. No se es más social por eso, se perjudica la convivencia gravemente», denuncia en alusión a Iglesias el portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Luis Santamaría. Pero desde el propio socialismo, dirigentes como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, están pidiendo con carácter de urgencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez una estrategia de «cerco y control» a la okupación, que ha establecido un foco en la zona de contacto entre Toledo y Madrid -un pueblo, Lominchar, con 2.500 habitantes, tiene un centenar de casas ocupadas-, como también está sucediendo en Vigo, en Murcia, en torno a Sevilla...

Los populares formularon ya la suya en el Parlamento el 1 de julio, una proposición de Ley Orgánica que, entre otros, contempla agilizar los desalojos para que se produzcan «entre las 24 y 48 horas siguentes» a que la propiedad sea ilegalmente poseída o endurecer las penas por el delito de usurpación para que prevean de uno a tres años de prisión. El PP es categórico a la hora de subrayar que sus iniciativas no van contra las personas que sufren situaciones de precariedad, sino contra «los profesionales de la okupación y las mafias», ante quienes «es necesario sellar el ordenamiento jurídico para que deje de ofrecerles resquicios legales a los que acogerse, como esa lentitud a la hora de actuar...», explica Santamaría.

Ciudadanos también ha planteado una propuesta y antes Vox, que lleva en su ADN el combate contra la usurpación y desde su eclosión ha defendido severas condenas de cárcel y que la policía pueda desalojar a los intrusos inmediatamente, sin mayores trámites de por medio.

Cambiar la ley, coinciden todos, es clave. José Ramón Felipe lamenta el «parche» que en 2018 supuso la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un «desastre» de modificación que se anunció en vano como el fin de los eternos procesos de desahucio y el nacimiento de los lanzamientos exprés. A saber: cinco días para que el okupa presente al juez un título justificativo de su presencia en la vivienda y otros veinte para que se marche si no lo tiene. Es en la primera parte, en la de acreditación de que la posesión es con arreglo a derecho, cuando aparecen los tickets de la pizza a domicilio o falsos contratos de arrendamiento fabricados por mafias, que son a veces suficientes para enredar los tiempos y empezar a alargar el ilícito.

Vista la impotencia de los perjudicados y la falta de herramientas legales a su alcance, están cristalizando ciertas empresas que prometen «solucionar» la situación por medios, se sospecha, no del todo confesables. Los especialistas las llaman «empresas de forzudos». La desesperación puede aportarles muchos clientes, se teme, con la ampliación por parte del Gobierno de las medidas de «escudo social» activadas durante el estado de alarma que impiden desahuciar a personas «vulnerables» ya que, una vez interpuesta denuncia, a quien corresponde reconocer o no esa condición es a los Servicios Sociales, que por efecto de la pandemia se encuentran colapsados. «Hay un atasco brutal, podemos hablar de plazos muy largos», advierten en JR Abogados.

Conviene no perder de vista que los daños de una ocupación van mucho más allá de los que infligen directamente a un propietario, en tanto que los vecinos del inmueble arrebatado se ven a menudo «secuestrados» por el miedo. Se han documentado casos en los que las organizaciones criminales les exigen dinero a cambio de no usurparles a ellos también sus casas, aunque en el otro extremo también hay quien se congracia con los okupa para evitar problemas. La víctima, en ambos casos, es la convivencia.