Los nuevos Servicios de Inteligencia necesitarán las autorización judicial previa para escuchas y registros

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de hoy la remisión al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial dos leyes de reforma de los Servicios de Inteligencia. El nuevo CESID, que se llamará Centro Nacional de Inteligencia, seguirá dependiendo directamente de Defensa, pero será coordinado por un órgano compuesto por altos cargos de Presidencia, Exteriores e Interior. Se llamará Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, y estará presidida por el vicepresidente primero del Ejecutivo.

MADRID. A. Collado/M. Portilla
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El Ejecutivo ha dado hoy un nuevo paso para cumplir el compromiso aparcado desde la anterior legislatura de reformar el CESID. El Gobierno pedirá a los órganos judiciales y de asesoría del Estado un dictamen urgente sobre dos textos, una ley ordinaria y otra orgánica, con el objetivo de poder remitir los correspondientes proyectos a las Cortes a principios de noviembre.

Para que la reforma sea aprobada con el máximo apoyo posible, el ministro de Defensa, Federico Trillo, se ha entrevistado con los portavoces de los principales grupos parlamentarios, y en primer lugar con los representantes del PSOE, con quienes ayer mismo ultimó un acuerdo básico sobre las líneas generales de la reforma.

ANTEPROYECTO GARANTISTA

El Ejecutivo ha insistido en sus conversaciones con los grupos parlamentarios en que el anteproyecto será «garantista», sin roce alguno con los principios de la Constitución y con el máximo respeto a las libertades individuales. En este sentido, anoche mismo, el Gobierno llegaba a un acuerdo respecto a los controles que deben tener los agentes de los nuevos Servicios de Inteligencia cuando vayan a proceder a realizar registros y escuchas.

Según lo pactado, «se exigirá autorización previa en toda actuación que pudiera afectar a derechos fundamentales», según manifestaron a ABC fuentes de la negociación.

El Gobierno quiere a toda costa que los proyectos de ley entren en el Congreso con el respaldo previo del principal partido de la oposición. Durante las conversaciones con los partidos, los representantes gubernamentales habían planteado la conveniencia de que en los casos más graves que afectaran a la seguridad nacional, como el terrorismo, el control judicial sobre determinadas actuaciones, como los «pinchazos» telefónicos, sería a posteriori.

CONTROL JUDICIAL

El control judicial sobre el nuevo Centro Nacional de Inteligencia recaerá en un magistrado del Tribunal Supremo elegido por el Consejo General del Poder Judicial. La decisión sobre el control parlamentario corresponderá a las propias Cortes, que resolverán si finalmente esa competencia recae en el grupo de diputados que pueden conocer los secretos oficiales.

El CNI, como ocurre hoy con el CESID, seguirá dependiendo orgánicamente de Defensa, pero se creará un órgano coordinador del que formarán parte altos cargos de Presidencia, Exteriores e Interior además de los correspondientes responsables del Ministerio que ahora dirige Trillo.

ORGANISMO CIVIL

La «Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia» estará presidida por el vicepresidente primero del Ejecutivo. En cuanto a su naturaleza, el Centro Nacional de Inteligencia se configurará como un «organismo público de carácter civil, dotado de autonomía funcional, dentro del marco de la Lofage (Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado) y de la Ley General Presupuestaria».

Con este organigrama, queda clara la dependencia directa de los Servicios de Inteligencia con respecto al presidente del Gobierno, al mismo tiempo que quedan diluidas las responsabilidades en el caso de que los agentes cometan alguna irregularidad.

Por otro lado, los Servicios de Inteligencia continuarán en un único centro como hasta ahora, en lugar de dividirse como en algún momento se llegó a especular.

Aznar aprovechó una comparecencia en el Congreso de los Diputados -donde informó de la crisis internacional abierta tras los ataques terroristas contra Estados Unidos- para dar a conocer su intención de acelerar la reforma de los Servicios de Inteligencia, que ya había prometido en 1996. En la anterior legislatura, se cruzaron con los planes del Ejecutivo los problemas heredados con la desclasificación de los llamados «papeles del CESID» que implicaban al Gobierno socialista en la guerra sucia contra ETA.