Nuevo salto al vacío del juez

Saltar al vacío es declarar derogada la Ley de Amnistía de 1977 para los crímenes cometidos contra las izquierdas, y al mismo tiempo declararla vigente para los delitos cometidos por éstas. Como lo es también calificar la represión franquista como un delito de lesa humanidad y no reconocer que esa tipificación vale también para la represión republicana, incluida la que se abatió contra sus propias filas.

El Convenio de la ONU

Si Baltasar Garzón no ha abierto causa por genocidio contra el franquismo, como reclamaban las asociaciones demandantes, ha sido porque el convenio sobre genocidio de Naciones Unidas no incluye los crímenes por motivos políticos. Pero hay otra razón: Garzón no podía declarar como genocidio la represión franquista sin evitar que al día siguiente alguien le solicitara, al menos con igual fundamento, la apertura de un procedimiento por la persecución religiosa durante la República y la Guerra Civil. Una persecución que causó más de 7.000 muertos entre quienes profesaban y practicaban la religión católica, y realizada con voluntad de destruir, al menos parcialmente, a un grupo religioso como tal, según la terminología del convenio de la ONU.

Un segundo salto al vacío, de evidentes connotaciones políticas, ha sido arrogarse la competencia sobre los crímenes del franquismo argumentando que se trata de investigar hechos que pueden ser tipificados como delitos contra los altos organismos del Estado conforme al Código Penal vigente, y que además no se vulneraría la irretroactividad de las leyes penales porque tales delitos estaban también contemplados en el Código republicano de 1932.

Delitos diferentes

Garzón pasa por alto que los delitos incluidos en estos dos Códigos no guardan semejanza alguna, por la sencilla razón de que los sujetos pasivos de tales infracciones son distintos, ya que en el Código republicano se protegían las instituciones de la República, mientras que el actual otorga esta protección a las instituciones propias de una Monarquía parlamentaria, incluidos el Rey y su familia. Además, Garzón se inviste la toga y las puñetas de un juez republicano de los años 30, cuando la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 sólo le atribuye competencia para defender los altos organismos de la actual Monarquía parlamentaria.

No menos temerario ha sido Garzón al declararse competente por un delito de detención ilegal permanente, retorciendo la jurisprudencia del «caso Nani». En aquella sentencia, el Supremo evitó la impunidad de los acusados al no tenerse la certeza de la liberación de la víctima ni de su fallecimiento. En el caso de las víctimas de la represión franquista, Garzón reconoce en su resolución que han fallecido, de acuerdo con los hechos presentados por las asociaciones demandantes: en sus propios listados de desaparecidos consta expresamente su muerte por fallecimiento y el lugar donde éste se produjo. Por eso, el juez decide dar una nueva pirueta jurídica para afirmar su competencia intentando ocultar con argumentos sofistas un hecho que él bien conoce: que las muertes que se someten a su enjuiciamiento están ya absolutamente prescritas.

La actuación de Garzón se enmarca en la estrategia de refundación de la democracia española sobre fundamentos distintos a los de la reconciliación y la concordia, con lo que a la fuerza habrá de ser una democracia excluyente y sectaria, indigna de tal nombre. Una estrategia para la cual una parte de la izquierda, y afortunadamente sólo una parte, se ha apropiado de los ademanes del franquismo: la impiedad hacia las víctimas que consideran ajenas a su bando, el olvido de los crímenes cometidos por aquellos de quienes se dicen herederos y la manipulación maniquea del pasado. Con ello se ha reactivado, en sentido contrario, una de las más poderosas armas de dominio que utilizó la dictadura: la «memoria histórica» fue sin duda un gran invento del franquismo, y la inmensa mayoría de los españoles la habíamos desactivado cuando decidimos que la Guerra Civil fue un fracaso colectivo y que los muertos son de todos.