La nueva ley audiovisual abrirá un agujero en RTVE

La CNMC y la propia corporación han traducido estos temores a cifras y coinciden en prever una pérdida de ingresos de entre 115 y 120 millones de euros anuales para el grupo público . Un quebranto provocado porque la reforma impulsada por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, libra a los operadores de telecomunicaciones de seguir contribuyendo a la financiación de la corporación a partir de 2023. Estos grupos aportan actualmente el 60 por ciento de los ingresos de RTVE por lo que su retirada dispara, lógicamente, las alarmas. Tanto el Consejo de Estado como la CNMC reclaman al Gobierno una reforma pero en sentido contrario: hacia un modelo que dote al grupo público de los «ingresos suficientes para cumplir las obligaciones» que tiene encomendadas, en lugar de un ‘tijeretazo’ que ponga en peligro su servicio. «La incuestionable trascendencia del modelo de financiación de la corporación para el adecuado funcionamiento del servicio público estatal (...) y del mercado audiovisual merece un análisis más sosegado», reprende el Consejo de Estado.

Tanto este órgano consultivo como la CNMC son muy duros en sus reproches al Gobierno, al que acusan de plantear esta reforma sin justificación y omitiendo «todo análisis económico» sobre su impacto en el grupo público.

Para el órgano que preside Fernández de la Vega, «la ausencia de una explicación en este sentido resulta perturbadora» tanto por la falta de datos como porque la reforma planeada «modifica sustancialmente uno de los principios que rigen el modelo de financiación» de la corporación. «La definición de las obligaciones de servicio publico y el diseño del sistema financiero -estable y predecible- son aspectos que deben ir de la mano», abronca al Gobierno, por su parte, la Comisión de la Competencia.

La CNMC critica así que la ley «no va acompañada de una estimación de los ingresos», considerando ese estudio «fundamental de cara a evitar una posible ineficacia del sistema que podría conllevar la falta de un presupuesto que sufrage las obligaciones de RTVE». Y el Consejo de Estado abunda en esta crítica al señalar que «nada se dice en el expediente sobre la pérdida de recursos económicos ni se ofrece argumento alguno que justifique la suficiencia de los nuevos ingresos». «Tampoco se explicitan las razones que han llevado a excluir de la aportacion de los operadores de telecomunicaciones», continúa el órgano consultivo, criticando que el Gobierno tampoco ofrezca «ninguna justificación sobre los ingresos que se pretenden obtener por la emisión de comunicaciones comerciales». Tanto el Consejo de Estado como la CNMC temen que la insuficiencia de presupuesto de RTVE acabe concluyendo en ayudas públicas que se desvíen de la legalidad. Por ello, avisan al Gobierno de que «resulta capital» acreditar que la reforma permitirá cumplir «las normas sobre competencia» y «en especial en materia de ayudas de Estado».

Sobre todo, porque la actual financiación de la corporación no alcanza las previsiones de recaudación. «Lo usual ha sido una menor recaudación de, al menos, 200 millones», recuerda la CNMC en su informe.

El ministerio de Economía, sin embargo, ha desechado todas estas advertencias. Asegura que su reforma pretende fomentar la inversión de los operadores de telecomunicaciones en redes y servicios 5G y que «no supone una modificación sustancial» de la financiación de RTVE. «La cuantía de la ayuda prevista se seguirá determinando por sus necesidades y costes», asegura Economía.