La nueva ley del aborto que viene

La explosión de los escándalos de las clínicas de Morín y de otras -abortos por encima de los siete meses de gestación, fetos tirados a la basura, falsificación reiterada de los certificados psicológicos, trituradoras y otras barbaridades por el estilo- desvelaron la realidad totalmente permisiva del aborto en España.

Los tres supuestos

Como se sabe, en España abortar no es un derecho, como de forma reiterada defienden las asociaciones feministas y las militantes socialistas, encabezadas por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, sino un delito, pues se pretende preservar el derecho a la vida del no nacido (cuestión de la que por cierto no se les ha oído hablar ni a Pajín, ni a De la Vega ni a Aído), y sólo queda despenalizado en tres supuestos: «Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud o física o psíquica de la embarazada»; «que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que haya denuncia», y «que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 semanas de gestación».

En este sentido, como adelantó ABC, el Gobierno baraja un cuarto supuesto por algo tan poco concreto y etéreo como el «conflicto personal» a imagen de lo que ya sucede en Grecia, Reino Unido o Italia.

El caso es que al amparo del primero de los supuestos, para preservar la salud psíquica de la madre, España ha pasado a convertirse en el paraíso abortista de Europa. Aquí se interrumpen los embarazos en cualquier semana de gestación, con un simple informe psicológico, realizado por un empleado de la propia clínica abortista que, además, por regla general trabaja a comisión: cobra más cuanto más informes positivos rubrique. Esta situación ha provocado casos de abortos que están siendo investigados judicialmente, por encima de los siete meses de embarazo y hasta en el noveno.

No está demasiado claro qué es lo que busca el Gobierno con la nueva ley, salvo, como se ha apuntado desde varios colectivos pro vida y desde el Partido Popular, «desviar la atención de la crisis económica». Lo evidente es que el cambio legislativo sólo se entiende desde el prisma de la cortina de humo y de poner las cosas más fáciles a las clínicas. Y el camino que se pretende emprender es el del aborto libre hasta una semana dada de gestación, que en Europa se mueve entre las tres y las 24 semanas en un abanico tremendamente amplio y, luego, supuestos especiales que amplían ese plazo inicial.

Al respecto, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, destacó que se «analizarán diferentes legislaciones que respecto al aborto poseen países de nuestro entorno». Labor que le ha sido encomendada a un grupo de expertos coordinados por Aído. Tarea que no será fácil porque hay casi tantos ejemplos como países. Diversas fuentes han señalado que al Gobierno le agrada la ley holandesa, cuyos puntos básicos son: aborto libre hasta las 13 semanas y permitido hasta las 24 semanas si la mujer embarazada declara un «estado de angustia», que por cierto en los Países Bajos no es un coladero, como ocurre en España con la salud psíquica de la madre. Un detalle que parece que se copiará es que el Estado reembolsa los gastos a las mujeres. Parecida es la francesa: aborto libre hasta la semana doce, y condicionado durante el segundo trimestre de gestación por riesgo para la vida de la mujer, para la salud física de la mujer o malformación del feto. Exige un tiempo de reflexión de ocho días.