El norcoreano es el tercer embajador expulsado por España en esta década

La declaración como «persona non grata» del máximo representante de un país no es algo que se produzca con mucha frecuencia en las relaciones internacionales. Se trata de una medida excepcional , que, en la mayoría de las ocasiones, se toma por motivos políticos. Es decir, el embajador es expulsado no por su actuación personal, sino por la del Gobierno al que representa.

Así ha sucedido en el caso del embajador norcoreano, que reiteradamente ha tenido que escuchar las quejas del Gobierno español por los ensayos nucleares y lanzamientos de misiles del régimen de Pyongyang . España primero redujo de tres a dos el número de diplomáticos de la Embajada y después, ante la persistencia de la actitud de Kim Jong-un, declaró «persona non grata» al embajador, que había llegado a Madrid a finales de 2013 e iba a ser relevado posiblemente antes de concluir este año.

Kim Hyok Chol fue el encargado de abrir en España la Embajada de Corea del Norte en un intento de este país por mejorar sus relaciones con las capitales occidentales. Ahora, la Embajada queda en manos del tercer secretario, único diplomático de la representación.

Otra Embajada que se encuentra sin embajador, debido a su expulsión es la de Siria. El 29 de mayo de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy , en una medida coordinada con otros países europeos, como Francia, Italia y Alemania, decidió expulsar al entonces embajador sirio , Hussam Edin Aaala, como señal de protesta por la matanza perpetrada por el ejercito de Bashar El Assad en la ciudad siria de Al Haula, en la región de Homs, en la que murieron 108 personas, entre ellas 49 niños. Al frente de la Embajada siria en Madrid está, desde entonces, un encargado de Negocios.

Un año antes, el 17 de junio de 2011, el Gobierno español, que encabezaba entonces José Luis Rodríguez Zapatero, expulsó al embajador de Libia en Madrid, Ajeli Abdussalam Ali Breni , en protesta por la represión que ejercía el régimen de Muamar el Gadafi sobre la población libia.

Las autoridades españolas tuvieron en cuenta también en este caso que Ajeli Abdussalam Ali Breni se mantuvo siempre fiel a Gadafi e incluso protestó ante Exteriores cuando la ministra Trinidad Jiménez comenzó a negar legitimidad al régimen libio.

Además, el Ejecutivo español expulsó a otros tres funcionarios de la representación diplomática -también próximo al dictador libio- por realizar «actividades incompatibles con su estatus diplomático» , en referencia a que llevaban a cabo actuaciones relacionadas con el espionaje.

Tras a caída de Gadafi, España concedió el plácet a otro embajador, aunque en la actualidad, la Embajada en Madrid está dirigida por un encargado de Negocios, al haber fallecido hace unos meses el jefe de la Misión, Mohamed Alfaqeeh Saleh.

La expulsión de diplomáticos o personal con estatus diplomático alegando motivos de espionaje se produce también en alguna ocasión, como cuando España ordenó la salida del país de dos diplomáticos rusos en diciembre de 2010 , lo que fue contestado a su vez por Rusia con la expulsión de dos diplomáticos españoles acreditados en Moscú. No era la primera vez que España expulsaba a diplomáticos.

También la Embajada de Cuba tuvo que retirar a cuatro de sus miembros cuando en diciembre de 1985 tras ser detenidos después de haber intentado asaltar a un alto funcionario cubano que había pedido asilo político en España.

Antes de llegar a la declaración de «persona non grata» a un embajador, hay otras medidas que suelen ser utilizadas por los Estados, como es convocarlo al Ministerio de Asuntos Exteriores para expresarle una determinada protesta. Esta suele ser una forma bastante habitual de transmitir el malestar a otro país .

Un paso más lo representa la llamada a consultas del propio embajador en un país determinado. El representante diplomático regresa a su país, donde permanece durante algún tiempo, hasta que se considera oportuno el regreso. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con cierta frecuencia, con Venezuela, la última vez, en abril de 2016, por los reiterados insultos del régimen de Nicolás Maduro hacia el presidente del Gobierno español.

Otro de los casos más sonados en los últimos años fue la llamada a consultas del embajador español en Rabat , ordenada, en julio de 2002, por el entonces presidente de Gobierno, José María Aznar, por la toma del islote de Perejil por militares de Marruecos.