María Eugenia Alegret, primera presidenta de un TSJ en España.YOLANDA CARDO

Los nombramientos agravan la fractura entre los dos bloques del CGPJ

Nueve de los catorce nombramientos salieron adelante con los votos de los vocales conservadores; los otros cinco gozaron de apoyos en ambos grupos

NIEVES COLLI/
Actualizado:

MADRID. Los presagios de ruptura y enfrentamiento entre vocales conservadores y progresistas se volvieron a cumplir durante la reunión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ayer nombró a catorce magistrados para otros tantos cargos en distintos Tribunales. Algunos de estos puestos son de gran importancia -como las salas Penal y de lo Contencioso Administrativo del Supremo y la Sala Penal de la Audiencia Nacional- y suscitaron un tenso debate en el seno del Pleno, en el que, según algunas fuentes, llegó a haber un amago de plante por los vocales de la minoría progresista. Éstos, sin embargo, niegan que así fuera.

El momento más delicado se produjo al principio de la mañana, durante la deliberación referida a una de las dos plazas de magistrado de la Sala Tercera del Supremo. La terna elevada al Pleno por la Comisíón de Calificación estaba encabezada por Margarita Robles, la candidata de la minoría progresista y miembro de Jueces para la Democracia (JpD). El vocal de la mayoría conservadora Enrique Míguez presentó una terna alternativa compuesta por tres magistrados de los que destacó, frente a Robles, su especialización en Derecho Tributario.

Fuentes de la mayoría indicaron que los vocales progresistas advirtieron que el Consejo «se rompería» si no salía elegida Margarita Robles. Uno de estos últimos, Javier Martínez Lázaro, aseguró en una rueda de prensa que no hubo amago de plante y que quizá se produjera un «mal entendido». «Se planteó la posibilidad por algún vocal de no votar a Robles pero lo reconsideraron», añadió. La magistrada -que será la tercera mujer que llegue al Supremo- fue finalmente elegida por 11 votos. Siete obtuvo José Díaz Delgado y dos fueron en blanco.

Para la segunda plaza de la Sala Tercera fue nombrado Octavio Juan Herrero Pina, un magistrado no asociado apoyado por la mayoría conservadora. Herrero Pina reunió 13 votos. Los otros 7 recayeron en el candidato del grupo progresista, Ángel Arozamena.

Salvo alguna excepción -como la reelección con 17 votos de Luis Román Puerta como presidente de la Sala Penal del Supremo o la del miembro de JD Javier Sánchez-Pego como magistrado de la Sala Social del alto Tribunal con 15 votos- el resto de los nombramientos fueron la clara expresión de la ruptura en dos del CGPJ \.

En el descanso para comer, los siete vocales propuestos por el PSOE ofrecieron una rueda de prensa para «denunciar la sectaria política de nombramientos del CGPJ», con la que, aseguraron, «no se premite a ninguna persona de mentalidad progresista» ocupar un cargo. Como ejemplos pusieron los casos del ex ministro de Justicia Fernando Ledesma, que no salió elegido presidente de la Sala Tercera del Supremo; de Baltasar Garzón, que tampoco obtuvo los votos necesarios para ocupar la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional; y de Gillem Vidal, que no repetirá por tercera vez consecutiva como presidente del TSJ catalán. Los magistrados finalmente nombrados para esos cargos fueron Ramón Trillo en el Supremo, Javier Gómez Bermúdez en la Audiencia Nacional y María Eugenia Alegret en Cataluña.

Demagogia

Dos vocales de la mayoría conservadora, Javier Laorden y José Merino, se defendieron de las acusaciones en una rueda de prensa posterior. Aseguraron que los vocales de la minoría están haciendo «demagogia» con el objeto de que «la asociación Jueces para la Democracia, que representa a un 10 por ciento de la carrera, coloque en el cuarenta por ciento de los cargos a magistrados de su misma sensibilidad política». «Nosotros -afirmó Laorden- fuimos elegidos por el Parlamento y por eso en el CGPJ hay distintas sensibilidades, pero nosotros no administramos Justicia. Estamos jugando con el principio de independencia e imparcialidad».