ERC no financiará el «Consejo de la República» de Puigdemont

El contenido del «Consejo de la República» es una de las discrepancias entre ERC y Junts per Catalunya (JpC) para formar gobierno. El contenido y, por lo tanto, la forma en la que se financiará les distancia, sobre todo, porque los de Oriol Junqueras quieren que el invento de Puigdemont quede en una entidad simbólica con funciones de propaganda de cara al extranjero, y los de JpC aspiran a que el «Consejo» coordine políticas a aplicar en Cataluña, proponga y controle el nombramiento de los consejeros de la Generalitat, y que se le rinda cierta pleitesía al expresidente haciendo «reuniones solemnes» de los diputados y cargos electos.

En su intento de poner en marcha cuanto antes una Generalitat sin la aplicación del 155 de la Constitución , en ERC están dispuestos a ser lo más pragmáticos posibles y el «Consejo de la República», para aquel objetivo, no puede estar vinculado a la Generalitat. La administración autonómica catalana está bajo control del Gobierno; y las cuentas de la Generalitat, fiscalizadas al detalle por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En este sentido, una forma de poner la base para el embrión del sostenimiento del «Consejo de la República» podría pasar por asegurar la financiación de una estructura básica de Puigdemont y su equipo en Bruselas.

En esta línea, el expresidente de la Generalitat anunció ayer, durante una entrevista para RAC1, que solicitará al próximo gobierno catalán los beneficios que la legislación le otorga en tanto que expresidente, pese a que él no se siente como tal y solo los pedirá cuando se elija a su sucesor para el Palacio de la plaza de San Jaime. Aunque la ley 6/2003, de 22 de abril, del estatuto de los expresidente de la Generalitat no concreta las prerrogativas, sí fija que el gobierno catalán «ha de facilitar (...) los medios necesarios para el sostén de una oficina adecuada a las responsabilidades y las funciones ejercidas, y la dotación presupuestaria para el funcionamiento ordinario de esta oficina y para las atenciones de carácter social y protocolario que correspondan». Puigdemont concretó que tiene previsto contar con tres personas y un equipo de escoltas, además de despreocuparse del gasto de la oficina física y los gastos corrientes.

Preguntado por su «modus vivendi» y el mantenimiento de la infraestructura que maneja en Waterloo (Bélgica), Puigdemont aseguró que: «Esto, primero, lo pagamos nosotros personalmente, gente de su bolsillo y de mi entorno, amigos, ponen dinero; y segundo, hay gente que voluntariamente expresa su solidaridad haciendo posible el sustento con las limitaciones obvias del gobierno en el exilio. (...) Ni un euro público».

El día después del paso al lado de Puigdemont sirvió, también, para evidenciar las diferencias entre las dos formaciones en algo tan básico como el nombre de la persona que sucederá -o al menos lo intentará- a Puigdemont.

El anuncio como candidato de Jordi Sànchez, en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo, investigado por varios delitos y cuya invitación aceptó rápidamente a través de un mensaje por internet, fue respondido por ERC recordando que los independentistas acudieron a las elecciones del 21-D prometiendo restablecer el «gobierno legítimo» anterior a la aplicación del 155. Y, por lo tanto, tras la renuncia de Puigdemont, la primera opción debía ser Oriol Junqueras, también en prisión preventiva.

Replicaron a los de Junqueras, Puigdemont y Marta Pascal (PDECat ), quienes defendieron la candidatura de Sànchez. «Ya no es un gobierno de un único grupo parlamentario (por Junts pel Sí). El candidato es Jordi Sànchez», reiteró Puigdemont, que no quiso adelantar el sustituto de Sànchez en caso de que este no pueda acudir al hemiciclo para ser investido presidente.