Nacionalidad controvertida

El propio Congreso de los Diputados estimó en 1996 que la iniciativa propuesta ahora por el Gobierno era una fórmula inviable por las dificultades diplomáticas que planteaba. Así se reconoció en la Comisión de Asuntos Exteriores, reunida el 26 de septiembre de aquel año, en la que se debatía una proposición no de ley presentada por IU que pedía precisamente que el Gobierno de José María Aznar iniciase las gestiones diplomáticas necesarias para «para alcanzar acuerdos de doble nacionalidad con carácter especial, concreto y excepcional, para que se pueda conceder la nacionalidad española a los ex combatientes de las Brigadas Internacionales». La proposición se refería precisamente a los brigadistas que, habiéndola solicitado, no podían obtenerla «por prohibición de la doble nacionalidad en las leyes de su país de origen por no existir acuerdo de doble nacionalidad».

Anular exigencias

La propia representante de IU que defendió la iniciativa, Ángeles Maestro Martín, reconocía que el Código Civil exige que el acceso a la nacionalidad española conlleve la renuncia previa a la suya de origen, excepto en aquellos países con los que existe acuerdo de doble nacionalidad. Aun anulando esta exigencia para el caso de los brigadistas, como propone ahora el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aquellos que pertenecieran a países con los que no hubiera acuerdo de doble nacionalidad no podrían acceder al derecho honorífico contemplado en la Ley de Memoria Histórica.

En consecuencia, IU solicitaba entonces que se iniciaran conversaciones para lograr acuerdos de doble nacionalidad con los países con los que España no los tuviera. Ante esta última petición, el portavoz de CiU, Luis Recoder, puntualizó que «las gestiones diplomáticas que nos insta a solicitar del Gobierno son procedimientos largos, que no se van a lograr en meses ni quizá en algunos años».

En ese mismo debate, el portavoz socialista, Antonio García-Santesmases se limitó a solicitar del Gobierno que agilizara los procedimientos para aquellos brigadistas que solicitaran la nacionalidad española, a la vista de las dificultades que presentaba la búsqueda de acuerdos de doble nacionalidad para un caso tan concreto como el de los «internacionales».

El portavoz del PP, Leocadio Bueso, abundó en la dificultad de intentar negociar convenios de doble nacionalidad con «carácter especial, concreto y excepcional» para el caso de los brigadistas, ya que «dichos convenios se negocian para servir a unos intereses generales, pero no para un número muy limitado de personas, por muy meritorias que sean sus circunstancias».

Bueso recordó que, por más que el Gobierno español lo intentase, muchos de los países a los que podría afectar entonces la proposición no de ley se negarían en principio a la negociación de un convenio de doble nacionalidad, ya que no aceptarían que sus ciudadanos pudieran ostentar, de manera simultánea o latente, otra nacionalidad que la propia.

Ante las dificultades insalvables que se presentaban, IU aceptó retirar su propuesta, con el acuerdo de todos los grupos, a la espera de hallar una solución. La portavoz de IU reconocía «que hay dificultad en ver cuál es la fórmula» y que era «imposible resolver el problema». Y así hasta hoy.

Modificación del Código Civil

Es posible que, con estos antecedentes, el Gobierno recurra ahora a una fórmula planteada entonces, como es la modificación de nuestro Código Civil mediante la introducción de una medida específica, «ad honorem», de reconocimiento simbólico de la nacionalidad, sin renuncia de la de origen, que valga exclusivamente para los «internacionales».

Lo que está por determinar también es si Rodríguez Zapatero eximirá a los antiguos combatientes extranjeros que lucharon por la República del deber de jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes españoles, tal y como establece el artículo 23 del Código Civil como requisito para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia.