Se eliminan las multas a las grandes empresas vascas que no quieran atender en euskera

Por su parte, PNV, Aralar, EA y EB han rechazado la iniciativa por considerar que vulnera los derechos lingüísticos de los consumidores de ser atendidos en los dos idiomas.

La polémica sobre las sanciones a empresas que no utilizaran el euskera y el castellano en su atención al público, así como para rotular y etiquetar sus productos, surgió en la última etapa del anterior Gobierno vasco presidido por Juan José Ibarretxe.

En 2008 aprobó un decreto que establecía una serie de sanciones para las empresas que incumplieran varias de las obligaciones recogidas en el mismo.

Entre otras cuestiones, se establecía la obligatoriedad de las grandes empresas y establecimientos abiertos al público de rotular y atender en las dos lenguas oficiales , según la Ley de Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias, que reconoce a los ciudadanos el derecho a recibir en euskera y castellano información sobre bienes y servicios.

Estaban afectadas por las multas las firmas que emplean a más de 250 trabajadores con un volumen de negocio anual superior a 50 millones de euros y establecimientos que disponen de una superficie de venta al público superior a 400 metros cuadrados ubicados en Bilbao, Vitoria y San Sebastián o en municipios con un porcentaje de bilingües superior al 33 por ciento.

También el decreto afectaba a las empresas con más de 15 trabajadores que presten atención al público.

La iniciativa aprobada hoy en la Cámara Vasca elimina las sanciones contempladas en la Ley, que oscilaban entre los 3.000 y 600.000 euros, para las empresas que no cumplan dichas obligaciones.

No obstante, no modifica lo referente a la obligatoriedad de las empresas a utilizar las dos lenguas oficiales, lo que ha provocado las críticas del PP y de UPyD a los socialistas por no ir al fondo del asunto.

Iñaki Oyarzabal (PP) ha defendido el uso el euskera sin imposiciones ni intromisiones en el ámbito privado y ha rechazado las medidas "coercitivas que el nacionalismo ha tratado de imponer a empresas y comercios".

Ha reprochado también al PSE que no haya querido ir más allá eliminando de la ley los elementos "que tratan de condicionar la libertad".