La mujer del delegado de Ausbanc en Sevilla, beneficiada con los ERE

Fernández Róbalo es secretaria de Organización en la agrupación de la barriada de Pino Montano en Sevilla, que dirige su hijo, José Antonio Barrionuevo, donde también milita su pareja. El 24 de septiembre de 2003, sin que mediara convocatoria pública, el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero (investigado en el caso ERE), autorizó mediante un convenio el pago de una subvención directa para el «plan de viabilidad» de María Coraje S.L.L.

El Instituto de Fomento de Andalucía, el instrumento que utilizaba la Consejería de Empleo para realizar los pagos, efectuó el abono a través de dos transferencias bancarias de 33.000 euros cada una en 2003 y 2004, cuando la empresa apenas llevaba dos años constituida. El objetivo era «facilitar una ayuda específica para paliar la difícil situación por la que dicho centro viene atravesando y preservar la actividad y el empleo», según reza en el convenio. Como consejeras de esta sociedad laboral, que se dedicaba a impartir cursos de confección industrial y patronaje, figuran dos hermanas de la dirigente socialista.

Tras estallar el escándalo de los ERE , el Gobierno andaluz declaró nula la ayuda imputada al denominado «fondo de reptiles» y empezó a reclamarle el dinero con escasa fortuna. No daba con el paradero de la empresa, a pesar de que estaba presidida por una histórica dirigente socialista. La Consejería de Empleo publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta tres resoluciones para notificarle el expediente de reintegro. La última vez que lo hizo fue el 23 de mayo de 2014.

El Consejo Consultivo de Andalucía avaló la nulidad de la ayuda a María Coraje S.L.L. En su dictamen señaló que el expediente sólo contenía una solicitud enviada por fax por la administradora de la sociedad y «no existe la más mínima justificación documental» del citado plan de viabilidad.

Marín , que también milita en el PSOE en la misma agrupación que su pareja, ya estuvo entre rejas en el año 2010 como autor de un delito de malversación de fondos públicos y de otro de falsedad documental. Fue condenado porque cuando era secretario del Distrito Macarena permitió que José Pardo, un ex afiliado socialista, cobrara con facturas ficticias obras que realmente no se ejecutaron durante el mandato del exalcalde sevillano Alfredo Sánchez Monteseirín.

Pese a que el Ayuntamiento salió el perjudicado por el caso de las facturas falsas del Distrito Macarena, apoyó en 2011 el indulto auspiciado por Ausbanc , donde Marín había estado trabajando antes de pisar la cárcel.