Los Mossos espiaron a políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas contrarios a la independencia

El informe de la Brigada de Información de Barcelona analiza todos los documentos que intervinieron cuando agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra iban a destruir el pasado 26 de octubre en la incineradora de San Adrià del Besós. De ello se ha dado cuenta a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que investiga la implicación de la policía que liderada el mayor Josep Lluís Trapero .

Según este informe, la Generalitat de Cataluña «quería tener perfectamente controlados» a un grupo de personas contrarias a la independencia , urdiendo un plan en el que se emplearon fondos reservados. En concreto, 161.101,22 euros sólo en el año 2015, según dos correos electrónicos que iban a ser destruidos.

La Policía concluye que los Mossos controlaban a políticos del PP, Ciudadanos, del PSC e incluso de la antigua CiU y hoy PDECAT. En definitiva, «partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades y plataformas, todos ellos de marcado perfil unionista o constitucionalista».

Entre las notas y grabaciones que iban a ser quemados por los mossos, la policía recuperó cuatro folios escritos a lápiz sobre la denominada «Operación Catalunya». En esos folios, se hace referencia a una «boda en Madrid de la familia Fuster Fabra», en referencia al abogado José María Fuster , uno de los presuntamente espiados por ese grupo de mossos.

Las anotaciones recogen que en el banquete estuvieron «Blas, Pino (dos comisarios de policía), Cierco (uno de los accionistas del banco de Andorra donde la familia Pujol ocultaba dinero), Fuster Fabra y sus mujeres, en la mesa estaba también Albert Rivera», el líder de Ciudadanos. Fuster Fabra fue «controlado» por ese grupo de mossos, que le siguieron, fotografiaron y elaboraron un informe de tres folios sobre su visita a Barcelona el 6 y 7 de junio.

Los Mossos, según «El Periódico», iban a quemar también unos «papeles rotos» que llevaban en la caja número 4 dentro de un coche Dacia cuando fueron interceptados por la policía. Entre esos papeles reconstruidos estaba la «comunicación del desplazamiento y dispositivo de seguridad del mes de mayo de actos en Cataluña de la vicepresidenta del Gobierno, Doña Soraya Sáenz de Santamaría ».

En esta misma caja figura información sobre posible amenaza terrorista en Barcelona, con fecha 2 de junio de 2017, en referencia a «ataques terroristas no especificados durante el verano contra lugares turísticos de Barcelona, concretamente las Ramblas». En la caja 12 se recogen apuntes de dispositivos de seguridad de la Casa Real, señalando que son «sin interés».

El departamento de los Mossos también trató de destruir el listado completo de los 53.000 socios de la ANC con nombres y apellidos, su correo electrónico y DNI, documentos sobre el caso Pujol, varios informes sobre la organización independentista juvenil Arran y un dossier sobre la CUP.

Los Mossos también pretendían eliminar varios informes de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra sobre actos convocados por Sociedad Civil Catalana en los que se había «identificado a miembros del PP, Ciudadanos, periodistas, etc», con especial atención a manifestaciones como la convocada en Barcelona el 19 de marzo.

Los agentes de la policía catalana observaban que el apoyo a Ciudadanos había aumentado en los últimos años: «han sabido movilizar personas mediáticas relacionadas con medios de comunicación como políticos en activo de partidos de centro derecha». También recogían información sobre periodistas de «El Confidencial» o de Antena 3TV.

En una carpeta denominada audios, también se recuperó una «grabación con sistema oculto» donde se identifica al eurodiputado de Convergencia Democrática de Cataluña, Ramón Tremosa i Balcells , que habla de descabezar la cúpula de este partido Esquerra Republicana y la Assemblea Nacional Catalana porque, según cita, «están tots podrits» (están todos podridos).

En su oficio remitido a la juez Lamela, la Policía concluye que «no se trata de un simple informe del seguimiento de una manifestación, sino más bien del seguimiento que desde la CGINF de Mossos d'Esquadra, siguiendo presumiblemente ordenes políticas, se ha venido realizando de partidos políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas entre otros colectivos en Catalunya, que son contrarios al proceso independentista desarrollado por el gobierno de la Generalitat desde sus diferentes consejerías».