La Moncloa rectificó su estrategia sin consultar con Catalá

En realidad nadie se esperaba en La Moncloa que el dictamen fuera negativo. Fue allí, en Vicepresidencia, donde se cocinó el giro en la estrategia del Gobierno. Solo un día antes el presidente Rajoy explicaba en una entrevista en la radio que el Gobierno actuaría solo cuando la Mesa del Parlamento catalán aprobara la investidura telemática de Puigdemont.

En 24 horas, La Moncloa cambió de criterio. La decisión se tomó en los despachos de Vicepresidencia sobre todo, y sin el conocimiento de buena parte de los ministros . Entre otros, el de Justicia, que no tuvo conocimiento de la elaboración de este recurso, según fuentes del Ejecutivo consultadas por ABC.

¿A qué se debió el cambio de criterio? ¿Y por qué se mantuvo la impugnación pese al informe en contra del Consejo de Estado? En La Moncloa se comenta que el criterio del Gobierno «evolucionó» a lo largo de una semana clave, marcada por los plazos de la investidura. «A medida que se fue viendo que los independentistas no solo querían incumplir la ley, sino provocar la apariencia de legitimidad de una investidura, aunque esta fuese ilegal, se comprendió que el Gobierno no podía consentirlo», comentan las fuentes consultadas. Dicho de otra manera: se quería evitar otro 1-O , la imagen de un «president» investido por su Parlamento, aunque fuera saltándose la ley.

La decisión de recurrir antes de que hubiera un acto concreto de la Mesa se toma cuando se ve que el objetivo real de los independentistas es montar el «atrezzo» de un acto puramente propagandístico, a favor de la independencia y el golpe a la democracia.

En La Moncloa se decidió que lo mejor era adelantarse: «Evitar mejor que anular» . Los independentistas preferían la anulación posterior de un hecho consumado, la investidura, porque así podían «ejercer su victimismo habitual y su propaganda dentro y fuera de España», según entendieron en el Gobierno.

Para elaborar el recurso de última hora , in extremis, pues el Pleno está ya convocado para el día 30, los servicios jurídicos de La Moncloa partieron de un hecho concreto: el día 22, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, dictó la resolución en la que propone a Puigdemont candidato. Un día después, esa resolución se publica de forma oficial. Y el miércoles 23, Torrent viaja a Bruselas para consultar con su candidato. El Gobierno hizo acopio de argumentos con un fundamento principal: no puede ser investido quien se encuentra fuera de España , y sobre quien pesa una orden de busca y captura que se cumplirá en cuanto pise el territorio nacional.

El recurso «previo», además, podría evitar al Jefe del Estado tener que sancionar la investidura de Puigdemont. El objetivo de la vicepresidenta era uno: impedir esa candidatura . El Gobierno contaba con un instrumento legal, previsto en la Constitución. La mera admisión a trámite en el TC del recurso presentado por el Gobierno supone la suspensión automática de la candidatura de Puigdemont.

El informe desfavorable del Consejo de Estado , que considera «preventivo» el recurso, supuso un varapalo político para el Gobierno. En La Moncloa se tomaron con «deportividad» las críticas, y siguieron adelante con sus planes.

En realidad quieren aprovechar las herramientas legales que ofrece el Estado para impedir que Puigdemont se siga riendo de la democracia. Ese es el objetivo. «Asumimos nuestra obligación y así evitamos un mal mayor», aseguró la vicepresidenta.