Moncloa se niega a listar la identidad y CV de sus 127 asesores en las delegaciones

La portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona , reclama conocer las identificaciones, formación académica y trayectoria profesional de esta plantilla de asesoramiento especial. Sin embargo, el Gobierno le ha respondido por escrito que «no procede» atender su petición «por afectar a datos de carácter personal» . Una contestación que el grupo que preside Santiago Abascal estudia llevar a los tribunales. «Es personal pagado con dinero público», subraya Olona, rechazando de plano que las identidades de este tipo de cargos puedan ocultarse aludiendo a la protección de datos.

El argumento del Gobierno tampoco es válido para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) . «No se ajusta a nuestro ordenamiento ni a los principios democráticos que deben presidir la transparencia y las prácticas del buen Gobierno», sostienen fuentes de este sindicato. «Entendemos que debería prevalecer el derecho a la información pública y que esta sólo puede ser limitada, de manera excepcional, por la protección de datos personales», pero no por una «justificación genérica y abstracta», subrayan.

En efecto, la Ley de Protección de Datos Personales recoge el deber de confidencialidad de los responsables y encargados de tratamiento de datos. Sin embargo, el Consejo de Transparencia ha fallado repetidas veces que este deber no prevalece sobre el derecho fundamental de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos reconocido en la Constitución , y desarrollado en la Ley de Transparencia en cuanto a los procesos de toma de decisión de los poderes públicos y utilización de los fondos presupuestarios.

Esta ley establece que con «carácter general» la Administración concederá «el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano» cuando le sean requeridos. Es decir, que el veto generalizado de Moncloa a la petición individualizada de Vox no aparece contemplado en la Ley de Transparencia.

Sí se prevé una excepción al derecho a la información, pero circunscrita al «caso concreto en que prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación». Por ejemplo, que la identificación colocara a estos asesores de confianza del Gobierno en una situación de riesgo o les causara algún perjuicio . Pero incluso esta excepción no podría aplicarse de forma automática. «Sería esta autoridad o funcionario el que debería presentar una justificación suficiente y concreta, sin que sea admisible la invocación de un perjuicio presunto y abstracto», subrayan las citadas fuentes de  CSI-F.

Lo que sí facilita el Gobierno a Vox sobre esta plantilla de asesores –que depende del Ministerio de Política Territorial– es el listado de cuántos la integran, qué niveles salariales tienen y dónde están. De estas cifras, resulta llamativo el cuerpo de asesores de la Delegación del País Vasco, la mejor dotada de todo el territorio después de Madrid, que ostenta la capitalidad. Con solo tres provincias, la delegación vasca es la única que cuenta con tres personas retribuidas con un nivel 30 –el más elevado de toda la Administración General del Estado– de las que dos son clasificadas como asesores y la tercera como jefe de gabinete técnico. Sus sueldos ascienden a 48.139,14 euros brutos anuales (trienios aparte), más un complemento vinculado a la productividad, de carácter individual y sujeto al cumplimiento de objetivos. Este último retribuye «el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo» por lo que no tiene una cantidad fija. Las otras autonomías con asesores retribuidos a este máximo nivel son Madrid, Cataluña, Andalucía y Galicia, con uno para cada una de ellas.

En cuanto al tamaño de estos equipos de confianza, tras los cinco de Madrid vuelve a destacar el País Vasco con once, en una proporción similar, pero ligeramente superior a la de Cataluña con 14 para cuatro provincias, siendo estas dos autonomías las que tienen más competencias transferidas. La delegación de Aragón, en cambio, cuenta con cuatro asesores para tres provincias, mientras la de Castilla y León cuenta con 11 para nueve provincias. La labor de las delegaciones consiste en dirigir y supervisar los servicios de la Administración General y representar al Gobierno.

Incluyendo esta plantilla de confianza en las delegaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez destina un total de 55,8 millones de euros al año a pagar asesores . Una cifra desorbitada a ojos de los funcionarios de carrera. «Con una inversión similar, nuestros hospitales y centros de salud podrían tener 1.850 médicos más o 2.056 enfermeras; nuestras escuelas 2.056 maestros más; y servicios como el SEPE, la TGSS, nuestras cárceles o nuestros Juzgados podrían tener 2.940 funcionarios más», critican desde CSI-F. «Tenemos necesidades estructurales en sanidad, escuelas, SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias o en los juzgados», denuncia esta central. El total del gasto en asesores en el conjunto del Estado es aún superior ya que en los citados 55,8 millones no se incluyen las partidas de autonomías, ayuntamientos y diputaciones para este tipo de personal.