Moncloa baja el tono sobre la rebelión tras optar por no usarla en la causa independentista

En una entrevista el pasado jueves, la vicepresidenta Carmen Calvo apostó por « adecuar el delito de rebelión a las situaciones actuales en que nos movemos». Esto es algo que Pedro Sánchez apostó por impulsar el pasado mes de mayo cuando solo era líder de la oposición, pero sobre la que los socialistas no se habían pronunciado desde que llegaron al poder.

En esta semana, Sánchez trataba de apuntalar su estrategia exhibiendo la tesis mostrada en 1994 por el entonces diputado popular Federico Trillo: «Hizo una propuesta de modificación, una enmienda de modificación, en la que decía que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares», dijo desde la tribuna dejando ver su coincidencia.

«Es evidente que el delito de rebelión, tal y como está tipificado, no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses», dijo Sánchez cuando en el mes de mayo propuso la reforma del Código Penal. La vicepresidenta del Gobierno apuntalaba esta tesis. «El golpe de Estado requiere fuerza, instrumentos de fuerza coercitiva y está asociado a las armas», dijo.

Sin embargo, después de que ayer salieran a la luz unas palabras de Sánchez en una entrevista a mediados de mayo, antes de su propuesta de reforma, el Gobierno se vio obligado a cambiar el ritmo. Asediado también por las críticas en la judicatura y de la oposición. Al cuestionarle en esa entrevista en televisión si lo sucedido se podía considerar un delito de rebelión Sánchez, por entonces líder de la oposición contestaba así: « Yo creo que lógicamente lo es . Clarísimamente ha habido un delito de rebelión y de sedición en España». Y abundaba: «Lo que sucedió el 6 y el 7 de septiembre (de 2017) se puede entender como un delito de rebelión».

A este confuso discurso quiso ponerle pausa ayer la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que evitó en todo momento posicionarse sobre el delito de rebelión. Aunque añadió más confusión respecto a las palabras de Calvo al asegurar que no existe «ningún plan para modificar el delito de rebelión». Insistió Celaá en que «duda de ese trabajo en marcha», pese a que fue la última propuesta que Sánchez realizó antes de ganar la moción de censura.

La portavoz se ha referido a las palabras de Sánchez el pasado miércoles en el marco de «una comparecencia política» y negando que sea un gesto a los independentistas porque « no necesitamos hacer ningún gesto ». Y se esforzó en varias ocasiones en negar cualquier presión al poder judicial: «El Gobierno no marca el paso a nadie. Los tribunales no tienen por qué alterar su paso». Celaá achacó el malestar en el mundo judicial a que «hay personas que se sienten más vulnerables y ofendidos».

Los independentistas vienen reclamando al Gobierno que inste a la Fiscalía a retirar la acusación por rebelión. El Ejecutivo se ha negado, y ayer Celaá trató de pasar página a las declaraciones polémicas de sus superiores asegurando que no se dará instrucciones tampoco a la Abogacía del Estado, que sí depende estrictamente del Ejecutivo: «Está trabajando para llegar al 2 de noviembre en su calificación con criterios exclusivamente jurídicos».