Moliner intenta contener la huelga de los jueces

En esa reunión ya estuvo José Luis Gónzález-Armengol, decano de Madrid, quien puso de manifiesto la «obligación» asumida por la Comisión Interasociativa de asociaciones de jueces sobre el calendario de protestas en caso de que no se abriera una negociación en 15 días. A su juicio, los proyectos planteados «atacan» la independencia judicial y «quebrantan» sus derechos profesionales. El pasado 21 de septiembre, la junta de jueces de Madrid llegó a pedir la dimisión del propio Moliner al acusarle de «deslealtad» al «ocultar» a la carrera judicial el verdadero alcance de la reforma de su estatuto.

La respuesta del Consejo a toda esta situación se formalizará el próximo jueves, con la celebración de un Pleno extraordinario convocado para validar el informe sobre el Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que ya ha obtenido el visto bueno de la Comisión de Estudios, muy crítico con los planes de Justicia.

La legislación vigente establece que los miembros de la carrera judicial podrán disfrutar de «permisos de tres días, sin que puedan exceder de seis permisos en el año natural, ni de uno al mes». Sin embargo, el Ejecutivo plantea reducirlos a «tres días de permiso al año natural». La Comisión aboga por mantener el vigente régimen de permisos y licencias de los magistrados porque dichos permisos porque tienen su origen en los días libres de los que disfrutan otros funcionarios públicos y porque además suelen utilizarse en dedicar más tiempo en el estudio y la resolución de los asuntos, bien por su complejidad o por la excesiva carga de trabajo en el juzgado.

Sobre los cambios planeados para los jueces sustitutos, cuya existencia el Ministerio de Justicia pretende convertir en casi «excepcional» , el informe advierte del esfuerzo y dedicación al que obligará a los miembros «profesionales» de la carrera teniendo en cuenta su actual carga de trabajo, por lo que sugieren que el nuevo sistema se acompase con medidas de adecuación de plantilla para que no redunde en detrimento de la calidad de la justicia.