El ministro de Interior y cinco altos cargos plantan al Congreso

Todos los grupos parlamentarios salvo el PP han vuelto a cargar contra el Gobierno por esta actitud advirtiendo que no puede existir un Ejecutivo sin control y haciendo hincapié en que aunque el gabinete ministerial se encuentre en funciones, la Administración no lo está y sus altos cargos tienen la obligación de comparecer.

Los populares han defendido ante el resto de los grupos que existen al menos tres informes jurídicos de los letrados del Estado que avalan la posición del Ejecutivo de no comparecer sobre asuntos que entran dentro de su capacidad de actuación en funciones. En cambio, admiten su obligación de comparecer sobre asuntos extraordinarios y de ahí que Moncloa esté aceptando algunas comparecencias y rechazando otras. A su juicio, las constantes peticiones de comparecencias del Ejecutivo entran dentro de la campaña preelectoral que, a su juicio, han comenzado los grupos de la izquierda.

De hecho, al mismo tiempo, en la comisión de Hacienda, sí ha comparecido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro , para dar cuenta de la desviación del déficit público. El presidente del Congreso, Patxi López , insistió este martes en que la Mesa está siendo especialmente escrupulosa con las peticiones de comparecencias y que solo está admitiendo aquellas que entran dentro de las decisiones que está adoptando el Gobierno.

Este es el tercer plantón con el que miembros del Gobierno responden a una llamada del Parlamento. A mediados de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, no acudió a la comisión del ramo y este mismo martes, la ministra de Fomento y varios de sus altos cargos hacían lo mismo. Este último plante del Ejecutivo se produce tan solo un día después de que el pleno del Congreso acordara solicitar al Ejecutivo, por última vez, que modifique su política de comparecencias y acuda a las llamadas del Parlamento antes de presentar un recurso de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. La silla vacía de Fernández esta mañana deja claro que el Gobierno no va a dar marcha atrás por lo que los letrados de la Cámara baja podrán en marcha el contencioso en el plazo máximo de un mes.