Militares guineanos asaltan un petrolero de una empresa española y amenazan a la tripulación

Confiscar barco y carga

Pero en el caso del «Virginia G«, la situación se agravó ayer, cuando militares guineanos, al mando del comandante Mita, asaltaron el petrolero, amenazaron de muerte a los 13 tripulantes (de Cuba y Ghana), y mostraron su intención de confiscar el barco y la carga, 500 toneladas de petróleo, esgrimiendo una orden de las autoridades de pesca, aunque con fecha de 30 de noviembre. Una confiscación que ha sido paralizada por un juez guineano.

Aunque los dos casos presentan diferencias, hay un elemento que los une, son víctimas de redes de extorsión y chantaje, ante las que el Gobierno español no se planta. Al atunero vasco se le acusaba de pesca ilegal y al «Virginia G» de «venta ilegal de combustible sin autorización», a pesar de que, según el propietario de la empresa a la que pertenece el barco, José Antonio Gámez, tenían todos los permisos en regla.

El petrolero fue apresado el 21 de agosto, a punta de pistola y por una patrullera, cuando abastecía de combustible a tres barcos pesqueros (dos canarios y uno de Huelva). Los cuatro fueron llevados a puerto y no se les abrió ningún expediente administrativo, pero la diferencia entre la libertad de unos y el secuestro del «Virginia G» es que los pesqueros pagaron al Gobierno de Guinea cantidades que oscilan entre los 100.000 y los 50.000 euros por cada uno de los barcos, mientras que el petrolero sevillano se negó a pagar y reconocer un delito que no había cometido. Entonces fue cuando se le acusó de «venta ilegal de combustible».

La negativa de Gámez a pagar y su intento de buscar una solución utilizando vías legales ha puesto al descubierto, según la denuncia realizada a ABC, una supuesta red de extorsión y chantaje a barcos españoles, por parte del Gobierno guineano, de la que sospechan que podría formar parte el ex consul honorario de España en este país Hamadi Busarai Emhamed, condecorado en 1996 por el ministro socialista de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, con la Orden al Mérito Civil, y al que incluso se le concedió la nacionalidad española.

¿Qué ha llevado a José Antonio Gámez a lanzar estas sospechas y a poner en la picota el Gobierno español, sobre el que no duda en afirmar que «consiente y permite que los barcos españoles paguen multas millonarias» sin haber cometido delitos? Pues una serie de hechos encadenados, en los que siempre aparece Hamadi, y la «desidia» del Gobierno español.

A Gámez se le encendieron todas las alarmas cuando comprobó que, al frente de la agencia guineana «Bijagos», que tramita con la Fiscap (organismo gubernamental responsable de los temas pesqueros) los permisos y autorizaciones de la mayoría de los barcos españoles que operan en este país, se encontraba Hamadi. Un hombre que, «curiosamente», cuando se producen los apresamientos «de los barcos sobre los que él mismo ha tramitado las autorizaciones, aparece nuevamente como negociador para su liberación». ¿Cómo es posible que la persona que tramita con el Gobierno de Guinea los permisos para los barcos, que tiene que saber el motivo y el porqué de las autorizaciones, sea la misma que posteriormente media para su liberación, previo pago de un chantaje económico? Además, Hamadi es la persona a la que el Gobierno español remite para solucionar el problema, «varios armadores -dice Gámez- y algún funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino nos han dicho que recurriéramos a Hamadi para solucionar el tema».

Multas millonarias

Tras comprobar el oscuro papel de Hamadi en esta supuesta red de extorsión, Gámez afirma que «tengo sospechas de que Hamadi forma parte de la red de extorsión contra los barcos españoles en Guinea-Bissau, sin que el Gobierno español haga nada por impedirlo, consintiendo que se paguen multas millonarias sobre delitos que supuestamente no se han cometido». El empresario afirma que el Gobierno «nos ha dejado tirados. No estoy dispuesto a ceder a ningún chantaje y llegaré hasta el final, hasta que se clarifique lo que sucedió».