Los miembros de la Mesa del Parlament defienden que no podían evitar la tramitación del «procés»

Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Guinó y la ya citada Boya están acusados por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox por un delito de desobediencia al haber desoído, presuntamente, las prohibiciones del Tribunal Constitucional y, por lo tanto, tramitar resoluciones ilegales relacionadas con el «procés» . Sobre ellos pesa la petición de un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 30.000 euros para cada uno de ellos. Ayer, Vox retiró la acusación de organización criminal, una vez el Supremo ya dictó sentencia sobre los cabecillas y los condenó por sedición. Por lo tanto, los miembros de la Mesa, si son condenados, no entrarán en prisión.

Los cuatro miembros de la Mesa que se posicionaron a favor de tramitar las resoluciones y propuestas legislativas independentistas y juzgados por el TSJC negaron ayer tener capacidad para evitarlo. Cada uno con sus palabras y a preguntas de sus abogados -rechazaron responder a las acusaciones- defendieron que los diputados tienen «derecho» a tramitar las iniciativas que consideran oportunas, que en sede parlamentaria se tiene que poder «debatir» de todo y expresaron su compromiso con «la libertad de expresión». Utilizaron la misma estratagema de defensa que Forcadell exhibió en la causa que juzgó el Supremo.

Por su parte, Boya -que respondió a la Fiscalía en aranés y con la ayuda de un intérprete- se desmarcó de sus compañeros de banquillo. La exdirigente de la CUP dijo que no votó la declaración de independencia del 27-O de 2017 de manera «simbólica»; y cargó contra el árbitro constitucional español, al que no le reconoce autoridad: «No reconozco al Tribunal Constitucional como un agente legítimo en el proceso de independencia de Cataluña». Boya añadió que no sabía el motivo por el que estaba siendo juzgada por el TSJC y definió el escrito de acusación de la Fiscalía de «literatura de género fantástico».

En la primera sesión de esta tercera parte del juicio al «procés» también dio tiempo a escuchar a los dos primeros testigos: José María Espejo-Saavedra y David Pérez. Ambos formaron parte de la Mesa durante el tiempo del «procés» a propuesta de Cs y PSC, respectivamente, pero se desmarcaron de sus compañeros en el órgano de gobierno del parlamento autonómico, motivo por el que no están acusados.

Tanto Espejo-Saavedra (ahora diputado naranja en el Congreso) como Pérez (hoy aún miembro de la Mesa) difirieron completamente de la versión de los acusados, y siguieron así la misma línea que expusieron cuando acudieron como testigos ante el Supremo. Los dos negaron que la Mesa no pueda negar una tramitación parlamentaria . «Son funciones de la Mesa admitir o no los trámites parlamentarios, en función que se ajusten al reglamento y a la ley. Solo hay que entrar en el fondo de las propuestas cuando la cuestión sea palmariamente inconstitucional», dijo Pérez.

Una posición que también defendió Espejo-Saavedra: «Cuando la Mesa califica cualquier escrito ha de valorar la forma, para decidir la calificación, qué tipo de iniciativa es... pero también el fondo». La declaración de este testigo tuvo que ser interrumpida en varias ocasiones por el presidente del tribunal, también presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, quien amonestó verbalmente a algunas defensas porque, en ocasiones, parecía más un acusado que un testigo.

Hoy será el turno para el resto de los testigos, como los letrados parlamentarios que vivieron en primera persona el «procés» y fueron advertidos varias veces por el Constitucional. Está pendiente de ser juzgado Joan Josep Nuet, también miembro de aquella Mesa y ahora diputado de ERC en el Congreso, que lo hará en el Supremo. Y faltará un cuarto juicio, a la llamada «infantería del procés», que se instruyó en Barcelona. Ayer, antes de la vista, diputados y dirigentes de JpC, ERC y la CUP dieron apoyo a los acusados a las puertas del Palacio de Justicia.