El inicio del mayor cambio político

Los populares ganaron al PSOE en las elecciones municipales por 2,2 millones de votos, con un 37,54% frente al 27,79% de los socialistas. Cuatro años antes la diferencia había sido apenas de 150.000 votos. El resultado fue espectacular: el PP de Mariano Rajoy obtuvo las alcaldías en la inmensa mayoría de las capitales de provincia de toda España, con excepciones en Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha. El maremoto del 22-M llevó a la formación de Rajoy a aventajar a la máxima oponente en diez puntos, cuando el PSOE se había proclamado por menos de cuatro puntos victorioso en la contienda general de 2008.

Pero si la extensión de poder del PP fue rotunda en las elecciones locales, en las autonómicas se produjo el mayor vuelco de la democracia . El PSOE perdió algunos de sus feudos históricos, como Castilla-La Mancha y Extremadura, y retrocedió en todas las regiones españolas, dejando paso a un PP que pasó a controlar el mapa territorial español, con Andalucía, Canarias, Asturias, País Vasco y Cataluña como excepciones. El mapa de la Península se «tiñó» de azul , literalmente (y como se ve en las imágenes que complementan esta información).

¿Cómo se llegó a esa situación, a ese cambio radical de ciclo político? La mirada hay que ponerla en la gestión de la crisis económica. El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones generales en 2008 por mayoría simple, negando la crisis en su discurso electoral. El principio del fin del PSOE en el poder se fraguó a lo largo de ese primer año de legislatura, cuando el Ejecutivo socialista negó la existencia de una crisis, y evitaba , de manera sorprendente, pronunciar siquiera aquella palabra , mientras los españoles ya empezaban a sufrir las consecuencias como se veía en las cifras del paro.

Fue la gestión de la crisis, su negación y la adopción de medidas que se vio que eran equivocadas lo que hundió al PSOE en el poder, al mismo tiempo que se aferraba a hablar de «brotes verdes». Durante tres años el Gobierno socialista impulsó medidas de gasto para hacer frente al hundimiento económico, y se negó a llevar a cabo reformas estructurales que pusieran fin a la sangría del paro, que escalaba de manera vertiginosa hacia los tres, cuatro y luego cinco millones de personas.

Cuando el 12 de mayo de 2010 Zapatero anuncia en el Congreso, con semblante descompuesto, el mayor «tijeretazo» social de la historia de la democracia (hasta ese momento), que rectificaba toda su política anterior y su propio discurso de la semana precedente, quedó condenado por la opinión pública. La congelación de pensiones, el recorte de sueldo de los empleados públicos, la eliminación del cheque-bebé, los recortes en dependencia y en la ayuda al desarrollo se aprobaron por decreto-ley de la noche a la mañana sin un discurso político previo coherente. Todo lo contrario. El PSOE había dejado de ser el PSOE.

Desde ese momento, los socialistas, y en concreto el Gobierno y su presidente Zapatero, cayeron en picado en las encuestas. La brecha con el PP empezó a ser insalvable, y en ello no ayudó nada la incertidumbre que se creó en torno a la continuidad o no de Zapatero al frente del proyecto socialista.

Zapatero no despejaría la duda sobre su permanencia hasta abril de 2011, apenas un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas. Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón abrieron una pelea de consecuencias imprevisibles por hacerse con el control del PSOE y ser candidatos a las generales. La delicada situación llevó a Chacón a renunciar a competir en unas primarias contra Rubalcaba, por la estabilidad del partido y por su unidad, según explicó. Pero el daño ya estaba hecho, y fue un elemento más de desconfianza en las elecciones del 22-M. La debacle electoral socialista en las municipales de hace un año, cuando fueron llamados a las urnas 34.681.888 ciudadanos para elegir a los 68.462 ediles y 8.116 alcaldes, fue el peor resultado que cosechó desde 1979.

El PP, mientras, se dispuso a empezar a aplicar en las comunidades que controlaba las políticas de austeridad y recorte que defendía. Lo que se encontró, sin embargo, fueron muchas facturas sin pagar dentro de cajones, y unas cuentas públicas regionales mucho peores de lo que se había dicho. El cumplimiento de déficit público para ese año (fijado en el 6%) estaba en juego precisamente por la desviación oculta de las Comunidades Autónomas, como comprobaría después el PP, ya en el Gobierno de la Nación, cuando vio que era del 8,51%, más de dos puntos y medio de lo que había dicho el Ejecutivo anterior. Además, un desvío ulterior, confirmado la pasada semana por autonomías regidas por los populares como Madrid, la Valenciana y Castilla y León, elevan ese déficit final del último ejercicio a un 8,9%.

Con el PP controlando el poder territorial de la inmensa mayoría de España, en todos los niveles, ya no tendría excusa para ejecutar todas las medidas y recortes anticrisis que considerara correctos para «sacar a España del pozo», como ha verbalizado Rajoy, pero siendo posible siempre con el aval de los ciudadanos. Los populares se sintieron con las manos libres para aplicar los ajustes necesarios, aunque no estuvieran contenidos en el programa electoral como «una temporal» y previsible subida del IVA a partir de 2012, todo con un objetivo: crear empleo y facilitar la recuperación económica. La gestión de la crisis, y no la crisis en sí misma, será lo que enjuicie después a los populares.

Ejemplos de esas facturas dentro de los cajones y el conveniente correctivo en forma de planes de ajuste del déficit se dieron pronto en dos regiones que cambiaron de manos en mayo de 2011. Castilla-La Mancha y Extremadura iniciaron una nueva andadura el pasado verano tras el descalabro socialista. La primera logró el objetivo que se había fijado Génova de «sentar» como presidenta en el feudo de José Bono a la secretaria general del partido. La «número dos» tumbó a José María Barreda y puso punto y final a 28 años de gobierno omnímodo de los socialistas. Entre las primeras «sorpresas» con que se topó María Dolores de Cospedal fue un despilfarro de cientos de millones de euros (hasta 2.600 millones de euros), lo que motivó el primero de un serial de planes de ajuste para combatir el desorbitado 6,4% de déficit público acumulado. Castilla-La Mancha fue la adelantada de una serie de políticas de recorte en Sanidad, Educación, empleo público y el sector farmacéutico que, a sabiendas de la impopularidad de las mismas, luego siguieron una a una casi todas las autonomías y el PP en la Administración central.

La fulminación del PSOE hace un año pasó también en Extremadura. Las siglas de Guillermo Fernández Vara perdieron ocho diputados, el PSOE dejó de ser la fuerza más votada y no consiguió salvar la situación «in extremis» de la mano de IU. Los de Pedro Escobar (IU) se rebelaron ante el emblema del puño y la rosa y no amarraron un acuerdo con ellos, sino con el PP del encumbrado en julio pasado como nuevo presidente extremeño, José Antonio Monago . La federación en Madrid no estuvo de acuerdo con lo que se decidía en Mérida, por lo que la reacción instantánea al «amotinamiento» de sus diputados fue expedientar a los «insurrectos», si bien a la postre salieron a la luz nuevos datos que evidenciaban la necesidad de un cambio de color en el cetro autonómico. El Parlamento extremeño quedó repartido en 32 escaños para el PP, 30 para el PSOE y los 3 de IU, cruciales para el acuerdo de gobierno que logró consolidarse y dio vida a una «pinza» histórica en la Comunidad.

Por comunidades, lo que ocurrió hace un año fue más que el reflejo del clamor por un adelanto electoral, que también se dejó sentir en las inexpugnables Comunidad de Madrid y Valenciana, donde Esperanza Aguirre y Francisco Camps arrollaron con respectivas mayorías a sus rivales, si bien en el segundo caso la alegría solo duró un mes más, puesto que en julio el «imputado» por el «caso de los trajes» dimitió y dejó el testigo a Alberto Fabra para centrarse en su defensa, que finalmente resultó favorable.

La ola del cambio también sopló con fuerza en Cantabria, donde Ignacio Diego consolidó una mayoría que sepultó el populismo del regionalista Miguel Ángel Revilla; en Baleares, donde el popular José Ramón Bauzá comenzó pronto a escrutar sus medidas de ajuste superada la prueba fallida del multipartido encabezado por el socialista Francesc Antich. Las victorias de Ramón Valcárcel, Pedro Sanz y Juan Vicente Herrera en las circunscripciones de Murcia, La Rioja y Castilla y León fueron la piedra de toque expeditiva del hundimiento socialista. Los «barones» populares recobraron plazas importantes como Logroño y León, la ciudad de Zapatero. El apoteosis llegó con Valcárcel, que «rompió techo» arrogándose 33 de los 45 diputados regionales y se llevó a la buchaca su quinta mayoría absoluta consecutiva. Otras regiones que, como Extremadura, quedaron a expensas de alianzas bipartitas fueron Aragón, donde Luisa Fernanda Rudi arañó una victoria no lo bastante holgada aunque sí relevante tras doce años de mandatos socialistas concatenados. Rudi pactó con el PAR de José Ángel Biel, en un contexto de divorcio notable de la formación aragonesista con los socialistas del entonces secretario de Organización de Ferraz, Marcelino Iglesias (luego Eva Almunia). En Navarra, los de UPN forjaron pacto con el PSN para gobernar, aunque se hicieron con plazas determinantes como la Alcaldía de Pamplona. Lo mismo ocurrió en capitales de provincia como Gerona, Barcelona y Tarragona, en las que los populares se convirtieron en el aliado idóneo para aupar los triunfos de CiU en las urnas hasta el sillón principal de esos Consistorios.

La victoria en Asturias del otrora vicepresidente del Gobierno y secretario general del PP, Francisco Álvarez-Cascos, fue concebida como un revés para los populares, que vieron relegada su formación al tercer cajón del podio en esta autonomía. En las generales del 20 de noviembre, el cambio de cara de Isabel Pérez-Espinosa por Mercedes Fernández y la tormenta de ganas de cambio sí consolidó las expectativas y volvieron a ser los más votados. No obstante, la imposibilidad del gijonés de lograr un acuerdo estable de gobierno le obligó a anunciar la convocatoria de unas elecciones anticipadas, solo diez meses después de acceder a la Presidencia del Principado. El pasado 25 de marzo, las autonómicas suscribieron la necesidad de una alianza postrera de PP y FAC. No pudo ser y ésta será una de las Comunidades cuya ideología dominante cambie en el transcurso de este primer año de nueva legislatura municipal y autonómica.

En Canarias vencieron los populares, apoderándose de las dos capitales, Santa Cruz y las Palmas, pero CC se hizo con la Presidencia merced al matrimonio de conveniencia con los socialistas y su legislatura también quedó sujeta a los pactos; en el País Vasco la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la marca proetarra Bildu la convirtió en el segundo partido más votado y se hizo con Alcaldías como la sempiterna socialista de San Sebastián.

Galicia, liberada de la liza autonómica, arrancó de las manos de los pactos bipartitos de BNG y PSdeG los feudos municipales de La Coruña, Ferrol, Santiago y también Pontevedra, que acumularon la saca del PP. No se arredraron los populares en casi otras 40 capitales de provincia (mientras los socialistas ganaban con solvencia en cinco) , de las que las ochos capitales andaluzas fueron el «hito» más sobresaliente. A la gesta de Juan Ignacio Zoido , que se quitó la toga para regir el Consistorio hispalense, le sucedieron las declaraciones optimistas de una victoria segura en los siguientes comicios autonómicos. Ni el escándalo de los ERE mediante ni el desgaste del liderazgo de José Antonio Griñán fueron suficientes para encumbrar al PP de Javier Arenas hasta el Palacio de San Telmo.

De hecho, estas dos victorias (con matices) de los socialistas en el único pulso de las urnas de este 2012, junto al notable deterioro de la valoración de dirigentes populares como el presidente del Gobierno Mariano Rajoy en los sondeos del CIS, son las que mantienen vivas las esperanzas en filas socialistas un año después de esa catástrofe electoral sin paliativos. El 22-M se pintaron de azul 13 autonomías, se perdieron feudos municipales socialistas siempre seguros como Barcelona y Sevilla y la cita se postuló como «el preludio» de un desastre electoral para el sucesor de Zapatero en las generales de noviembre que se materializó, pero ni con todo, el PSOE se resiste doce meses después a sacar pecho porque el «peaje» de la crisis ya está pasando factura , a su juicio, a los mandos populares.

Desde fuentes socialistas inciden en que primó el voto de castigo en aquella ocasión y que las tornas empiezan a virar en contra del partido que gestiona ahora la crisis con medidas que exigen un esfuerzo generalizado por parte de los ciudadanos. En cambio, en el PP reconocen que el año es «muy difícil» y se deben a las medidas antidéficit, si bien entienden que a medio plazo la población exprimirá y valorará el motivo fundamental de la toma de esas decisiones.

365 días después del 22-M, las autonomías siguen en el punto de mira, ahora por sus balances de déficit, ya que están supeditadas a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, muy exigente en sus cuenta de balances para cumplir los objetivos que España tiene contraídos con Bruselas por su pertenencia a la zona euro. Las regiones, a pesar del desvío comunicado en última instancia la pasada semana, tienen que seguir apretándose el cinturón, lo que demuestra la efectividad de los planes de ajuste emprendidos, en aras de ahorrar en conjunto más de 18.300 millones de euros. Por otro lado, los consistorios también se encuentran entre la espada y la pared a la hora de cerrar sus cuentas y 2.004 ayuntamientos no han presentado los planes solicitados por el Gobierno en virtud de la misma ley de transparencia y estabilidad. De los 2.305 ayuntamientos requeridos, 315 ya han recibido una nota negativa por parte del Ministerio de Hacienda, que exige medidas casi cuartelarias para resolver esas balanzas de pagos absolutamente improrrogables.