«Mauritania no es sitio para la inmigración irregular, les deportaremos a sus países de origen»

«Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo con seriedad, los resultados hablan por sí solos: estamos rebajando la presión de la llegada de inmigrantes a las islas españolas. Lo fundamental de esa tarea se ejecuta con recursos mauritanos, no significa que España no esté prestando ayuda. Pero si lo que me está preguntando es si cumplen o dan todo lo que deben... creemos que un Gobierno como el español siempre cumple sus responsabilidades y respeta sus acuerdos. Si eso hay que mejorarlo o no, lo dejamos en las manos de los españoles para que lo valoren ellos». Habla Mohamed Salem ould Merzoug, ministro del Interior y de Descentralización de Mauritania, un país de tránsito en cuyas costas se multiplican los subsaharianos de países vecinos que sobreviven a la espera de poder ir hacia Europa vía Canarias en un cayuco.

Ser estación de paso en semejante éxodo está creando a este estado demográficamente pequeño y pobre unas extraordinarias obligaciones de vigilancia y control en nombre de España , aunque también propio.

Porque el Gobierno mauritano, según expone el ministro, rechaza este tráfico de personas que encierra una inmensa tragedia -«encontramos cientos de cadáveres en el mar», lamenta- y trabaja para frenarlo «porque hay que hacerlo, no porque nos lo pidan».

«A Mauritania entran muchos inmigrantes de los países vecinos. Quien lo hace de manera legal, bienvenido, pero hay quien llega de forma ilegal. No tienen ningún sitio en Mauritania porque sólo estamos para repatriarlos, para devolver a cada uno a su sitio». Incluidos quienes les son entregados por España, que por acuerdo de 2003 puede expulsar a este país a todo el que haya salido en cayuco de sus costas y llegado a Canarias, sea de la nacionalidad que sea.

Pero al margen de la narrativa oficial, lo cierto es que en la calle, esta acumulación de senegaleses, malienses o gambianos está empezando a producir cierta incomodidad, y no faltan los mauritanos que se quejan ya de sentirse ellos «los extranjeros» dentro de su propio país.

La inmigración irregular es aquí, por tanto, un problema de España y un problema doméstico. Quizás por eso el ministro esquiva evaluar si la cooperación española está siendo o no suficiente. No solo en términos de medios, sino económica. Lo evita dando en parte la razón a las reflexiones de un experimentado diplomático compatriota suyo, que sostiene que Mauritania «no sabe, no sabemos pedir dinero, es un problema cultural...». «Tenemos sentido de la amistad, siempre hacemos el trabajo, pero no negociamos...», dice, haciendo velada alusión a los países de tránsito que dan al Mediterráneo y que no quiere nombrar. Son Marruecos y Argelia. Al primero de ellos fue a parar en 2019 el 70% de la ayuda española contra la inmigración , 32 millones. A Mauritania diez.

Derechos Humanos «a rajatabla»

En entrevista con este diario en su despacho oficial en Nuakchott, da la sensación de que el ministro no sabe gran cosa de la letra pequeña de la inmigración y es consciente de que se le nota. Sus consejeros también. Le susurran apuntes y acaban dándonos por escrito un «complemento» a las respuestas del doctor Salem. Un guión donde, esta vez sí, se indica que tienen «importantes necesidades en el campo del refuerzo de capacidades y equipamientos de nuestras fuerzas (de seguridad) en materia de transporte aéreo, marítimo y terrestre y de medios técnicos de control». Junto a ello, se identifica a la UE como «socio estratégico» y se aventura que «debería trabajar para elevar el nivel de cooperación con nuestro país» en vista de las tareas que hay que afrontar. Al margen, el ministro apela a la fuerza de Europa para poner fin a conflictos en África que obligan a tantos a emigrar.

Ha costado este encuentro con Mohamed Salem cuatro horas de espera, en las que la llamada del Ministerio podía producirse en cualquier momento, y a la media docena de preguntas nos comentan que se acaba el tiempo, lo que obliga a dejar muchas pendientes. Al parecer, le reclama el presidente, Mohamed Ould Ghazouani, en el poder desde agosto del año pasado.

En este breve intercambio, lo que sí traslada con nitidez el responsable de Interior son algunas claves de una decidida política de Estado de lucha contra el mercadeo de seres humanos. A saber: que Mauritania persigue de forma implacable a las mafias y prueba es que en julio aprobó una ley que ha endurecido las penas contra los traficantes sintonizándolas con la normativa internacional. También asegura que en las deportaciones que practican -vengan o no los candidatos a esa repatriación de haber sido a su vez expulsados de España- respetan plenamente los derechos humanos. Un aspecto que las ONG no tienen nada claro, particularmente cuando el destino es Mali, consumido en una guerra. «Es una pregunta muy importante. Trabajamos con la Organización Internacional para los Refugiados, con la ONU y sus agencias y en esos traslados estamos siguiendo a rajatabla todo lo que marca la ley sobre el trato a los inmigrantes», zanja el titular.

En la experiencia compartida de España y de Mauritania en este ámbito consta que la crisis de 2006 -31.678 inmigrantes llegados a Canarias- se logró cerrar hasta reducir los cayucos a cero. Otra vez, subraya el ministro, la tarea es titánica: «Los desafíos son inmensos porque tenemos más de 5.000 kilómetros de frontera con nuestros vecinos, 700 kilómetros de costa, 800 de frontera fluvial con Senegal. Del 11 de octubre al 11 de noviembre, hemos reconducido a más de 800 inmigrantes irregulares a sus países de origen, 3.700 en lo que va de año. No hemos permitido que salgan hacia España, les hemos parado».