Más impuestos, menos carne y una 'paga joven', así imagina Sánchez el futuro de España

No obstante, se trata de un horizonte, el año 2050, demasiado lejano. Hasta entonces quedan tres décadas en las que se sucederán, al menos si continúa el ritmo de los últimos años, numerosos Ejecutivos, cada uno con su agenda propia. Quizá por todo ello hay una serie de propuestas que parecen inconcebibles, al menos, para la España actual.

El menú fiscal para el ecuador del siglo que recoge el Gobierno en su plan 'España 2050' incluye una larga miríada de objetivos y subidas de impuestos con la meta de converger con la UE en ingresos tributarios. El Ejecutivo quiere que la recaudación fiscal aumente en ocho puntos en 30 años: si en 2019 fue del 35% del PIB, 7,2 puntos por debajo de la media europea, irá escalando al 37% en 2030, al 40% en 2040 y al 43% en 2050, recoge el documento. Buena parte vendrá de la recaudación ambiental, que prevé más que duplicar: del 1,8% del PIB actual al 2,6% de 2030, el 4% en 2040 y el 5% en 2050. Junto a ello, aspira a reducir la economía sumergida a la mitad en 2050 hasta el 10% del PIB, además de crear un nuevo impuesto que grave el uso de cada vehículo, en lugar del tributo de matriculación. Del lado de las subidas de impuestos, prevé incrementar los impuestos a alcohol, tabaco , Sucesiones y Patrimonio -frente a las «estrategias de competencia fiscal indeseables» entre comunidades- y eliminará el régimen de módulos. En este sentido, el Ejecutivo cita las diferencias fiscales entre regiones como una de las razones de la despoblación.

El Gobierno refuerza asimismo el castigo al sector aéreo que ya contiene el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas. Para favorecer la transición ecológica, el Ejecutivo propone directamente prohibir los vuelos en aquellas rutas donde haya una alternativa en tren de menos de 2,5 horas de duración. Sánchez copia así una medida que ya se está debatiendo en Francia y que, según las aerolíneas, apenas tendría impacto medioambiental.

Desde la patronal del sector, ALA, avisaron ayer de que esta iniciativa solo afectaría a las conexiones de Madrid con Alicante, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, «que representan menos del 1% de las emisiones de CO2 del sector». Además, la organización avisó del «impacto devastador sobre el turismo, principal motor de crecimiento del país y, por tanto, de la economía y el empleo» que tendría esta prohibición.

Para paliar la desigualdad de riqueza que esgrime el Ejecutivo que generan las herencias -un 70%-, el plan presentado contempla el posible alumbramiento de la llamada 'herencia pública universal'. Como define el documento, se trataría de una dotación económica que todos los jóvenes, sin aparente distinción, recibirían al alcanzar una determinada edad. El objetivo: 'regalarles' dinero para que puedan comprarse una vivienda, montar un negocio o completar su formación.

«España debería explorar esta posibilidad teniendo en cuenta los niveles de desigualdad existentes en el momento de su puesta en marcha, así como su efecto adicional al resto de medidas sociales», reza el texto. El propio Gobierno reconoce que esto «puede sonar utópico» , pero factible de vislumbrar a futuro en algunos países.

Una de las propuestas estrella en el terreno laboral pasa por «reducir progresivamente el número de horas trabajadas a la semana» para alcanzar en 2050 niveles similares a los de la UE-8, que actualmente está en 35 horas semanales frente a las casi 40 de España. Una medida que convive con el objetivo de reducir la tasa de paro al 7%. El documento escalona los objetivos a cumplir en periodos de diez años, de tal manera que en 2030 se trabajarían 37 horas semanales, en 2040, 36 y en 2050, se llegaría al objetivo de 35. El elevado ratio de desempleo estructural es otro de los focos de análisis del texto, que se fija como meta rebajar la tasa de paro desde el 18% actual al 12% en el año 2030, el 10% en 2040 y el 7% en 2050. En cuanto al paro juvenil, uno de los problemas más acuciantes de nuestra economía, se propone rebajarlo al 14% en 2050 desde el 40% que registra actualmente.

El Ejecutivo plantea la creación de una nueva prestación por crianza de hijos menores de 18 años. Según especifica, «en un primer momento, esta prestación deberá dirigirse a todas aquellas familias que se encuentran en situación de riesgo de pobreza, pero no cumplen los requisitos para acceder al IMV. Posteriormente, deberá ampliarse al resto de familias del país, tal y como ya se hace en la mayoría de los Estados europeos».

Para mitad de siglo, según el plan de Sánchez, los españoles consumirán, en general, menos de todo: disminuirá la ropa que compran, el número de dispositivos digitales y electrodomésticos que adquieren o su ingesta de carne (que será producida de forma generalizada en explotaciones extensivas). El objetivo es que ningún residuo municipal se envíe al vertedero en 2050, algo que en parte se quiere conseguir con otro impuesto: un «pago por generación de residuos» vendido como una «medida de responsabilidad para los consumidores», que se extenderá también a los fabricantes. Serán las empresas, de hecho, las que se encarguen de la gestión del residuo, liberando a los municipios.

Para compensar el impacto de la fiscalidad ambiental en las rentas más bajas, se plantea la creación de una «renta climática» por la que se devolvería a la población parte de la recaudación procedente de los impuestos 'verdes'. Otra opción es la creación de un fondo complementario de transición justa.

El Gobierno fía a la inmigración regular el mantenimiento del estado de bienestar en España. El Ejecutivo expone que si en cada ejercicio llegan 191.000 personas más al año de las que emigran, el sistema estará garantizado.

El apartado de Educación del documento augura que para 2050, España tendrá unos 800.000 estudiantes menos de entre 3 y 15 años de edad, lo que «equivale a tener unas 33.000 aulas de 24 alumnos menos que en 2019». Para los expertos a los que ha recurrido el Gobierno, esto sería una oportunidad para aumentar el gasto: 9.640 euros por alumno en 2050 que es el «nivel actual de Dinamarca, sin apenas incrementar el gasto público». Pero lo más paradójico es que la mayoría de medidas con las que quieren hacer frente a los problemas del sistema educativo (gobernanza, sistema de evaluación…) van en contra de lo que estipula la recientemente aprobada 'ley Celaá'.

Con información de: Javier Tahiri, Daniel Caballero, Guillermo Ginés, María Cuesta, Isabel Miranda, Enrique Delgado y Josefina G. Stegmann .