Mas deposita otros 200.000 euros en el Tribunal de Cuentas para saldar la fianza impuesta por el 9-N

Esta cantidad se suma a los casi 2,2 millones de euros que ya aportaron los investigados, entre los que se encuentran los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y cinco funcionarios del Govern de entonces.

El Tribunal de Cuentas fijó el 16 de noviembre como fecha tope para que el expresidente catalán afiance, de manera conjunta y solidaria, la cantidad que resta del total de 5.251.948,17 euros que servirán para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, en caso de que sean finalmente condenados.

Esa cifra responde a los gastos de la organización del referéndum , unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

Para el Tribunal de Cuentas, Mas es el máximo responsable del coste de la consulta soberanista por ser el expresidente de la Generalitat en aquel momento, por lo que debe responder de forma solidaria con los exaltos cargos del gobierno a la fianza impuesta.

El Tribunal de Cuentas dividió el coste total en varios bloques -en los que Artur Mas aparece en todos ellos junto a los otros denunciados- relativos a la adquisición de ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación; la campaña institucional; la ampliación del contrato de seguro para incluir voluntarios que participaron en la votación; el registro de una página web; la fabricación del material para ser empleado en la votación y transporte del mismo a los locales de votación; la elaboración del soporte informático necesario para la consulta; el envío de información; el centro de prensa para la cobertura informativa; y un contrato menor para la producción de la campaña informativa.