Martín Villa recurre ante el «desconocimiento de la Historia» que tiene la juez argentina

En el apartado de las cuestiones de forma, el recurso señala en primer lugar, que la juez ha tardado más de un año en acordar el procesamiento cuando, por ley, tenía diez días para hacerlo. Además, le recuerdan que ya la Cámara de Apelaciones, ante la que presentan el escrito, rechazó en 2017 la orden de detención que ella misma dictó contra Martín Villa porque la vieron falta de fundamento. También suspendieron la fianza que le había impuesto por desproporcionada. Esa orden se había dictado en 2014 aunque el exministro no figuraba en la lista de querellados cuya detención instaba la Fiscalía.

Ya en el auto de procesamiento, entiende que la juez «no fundamentó de forma concreta y razonada su resolución, sino tan solo se limitó a repetir, en casi todos los casos en forma textual, lo que la querella ha venido manifestando en todo este tiempo, sin siquiera analizar otra versión distinta de la de los querellantes». »Causa un gravamen irreparable y/o de imposible reparación (...) es errada y disociada de los elementos de prueba reunidos en el expediente e incurre en errores de apreciación histórica y jurídica de los hechos investigados«, señala.

En este sentido, inciden en la situación de «indefensión» del exministro por «falta de imparcialidad» de la juez, que ha tratado las aportaciones de la defensa como «un vano intento de mejorar la posición». Así, le ha atribuido cuatro homicidios a título de autor apoyándose «casi exclusivamente en su rol dentro del gobierno de la Transición: Ministro de Relaciones Sindicales o de la Gobernación» cuando «en ningún caso se describe cuál es la participación» concreta de Martín Villa en los hechos.

«No obstante, según la resolución recurrida, esas muertes son 'suyas', le pertenecen, y lo fueron a título doloso, como requiere el tipo penal. Es decir, Rodolfo Martín Villa quiso matar a cuatro personas y lo hizo. Sin embargo, las muertes –desgraciadas, en efecto– se produjeron por disparos de policías, guardias civiles y ultraderechistas. No hay ningún elemento de prueba real y/o concreto que permita responsabilizar a Martín Villa de aquellas muertes a título de autor», expone.

Recuerda que según la querella inicial, él habría muñido esas muertes desde su posición en el Consejo de Ministros, una tesis que habría comprado la juez y por la que, según dice la defensa, «se pretende que responda penalmente como autor de unos hechos en base a una supuesta orden que no emitió y de la que no existe ninguna prueba». «Porque no la hay -añade el escrito-. Porque tampoco podría haberla , debido a que Martín Villa no tenía injerencia en el obrar de la policía y las fuerzas del orden».

Los letrados, de Baker McKenzie, inciden ante la Cámara de Apelaciones en el relato de los cuatro expresidentes que ha tenido la democracia en España sobre Martín Villa y califican de «disparate» decir que él «instigó, ordenó, indujo o siquiera ayudó a los autores de los homicidios» ni los de Vitoria en 1976, cuando era «el equivalente a un ministro de Trabajo» ni en los Sanfermines de 1978.

«La Transición -recuerdan-, no tenía por objeto continuar la labor de Franco e iniciar un nuevo plan de exterminio o persecución de opositores, sino todo lo contrario, reunir al pueblo español para iniciar un camino hacia la democracia constitucional«.