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Marchena, a un mosso «entregado» al 1-O: «No se confunda de escenario, está usted ante la autoridad judicial»

Un responsable de Unipost reconoce que el reparto de papeletas era delicado: «¿Cómo nos metemos en este lío?»

MadridActualizado:

Con el mismo descaro con el que se puso al lado de la Generalitat ante la convocatoria del referéndum ilegal, manifestando en distintos tuits y foros que no pensaba retirar «ni una sola urna», Albert Donaire se ha presentado este miércoles ante el tribunal del «procés». Con lo que no contaba el agente proindependentista es con se iba a dar de bruces con la mano firme del presidente Manuel Marchena, que no ha tardado ni un minuto en recordar al mosso las reglas del juego.

El agente ha empezado su intervención manifestando su negativa a declarar y exigiendo que se le llamara por su nombre y apellido y no por su número de identificación (como se ha hecho con sus compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado precisamente para preservar su identidad). A preguntas del abogado de Vox sobre la autoría de distintos chats y mensajes en los que alentaba a la ilegalidad, el mosso ha respondido: «Juraría que no soy yo el juzgado aquí».

Marchena ha reaccionado al instante: «No confunda el escenario, usted ha sido citado como testigo, es un agente de la autoridad y está ahora ante la autoridad judicial. Como agente de la autoridad debe saber cuál es el papel de un testigo en un juicio penal».

A partir de ese momento su declaración ya ha ido como la seda, aunque el envalentamiento previo al juicio se ha tornado en una falta de colaboración manifiesta cuando el mosso no ha dado explicaciones sobre los comentarios vertidos en un chat de Telegram llamado Mossos por la Independencia.

Antes de la declaración de Donaire declararon tres responsables de Unipost, la empresa de mensajería a la que la Generalitat encargó el reparto de los sobres y papeletas del 1-O. Ni el presidente del Consejo de Administración ni el director financiero arrojaron luz alguna sobre este encargo que ascendía a un montante de un millón de euros, aunque al segundo sí consiguió arrancarle la fiscal Consuelo Madrigal la confesión de que un mismo día se hizo una factura que fue anulada al instante y recuperada en el sistema como «proforma».

Solo el responsable de una delegación de Barcelona reconoció que el encargo de la Generalitat -que obligó a parar todos los trabajos en marcha para centrarse en este- no sentó bien a los trabajadores, porque la empresa estaba en una situación delicada (de hecho entró en concurso) y coger este encargo podía traerles problemas con clientes de fuera de Cataluña. «La filosofía era: ¿cómo nos metemos en este lío con la situación en la que estamos?», ha confesado este empleado.