Manuel Almenar: «Para algunos sectores, los jueces deben estar comprometidos con el Gobierno de turno»

¿Qué le parece que PSOE y Podemos quieran modificar el sistema de acceso a la carrera judicial?

–De entrada, que la referencia a la Justicia en un programa de más de 300 propuestas se ciña a cuatro puntos evidencia la ausencia de un verdadero interés por los problemas reales de la Justicia en España. En el acuerdo se alude a la «modernización del sistema de acceso a la carrera judicial», sin mayor concreción, en el marco del oscurantismo en el que se hizo público, sin admitir preguntas ni aclaraciones, por lo que ignoro en qué consiste. En cualquier caso, se accede por oposición, el sistema que mejor garantiza un proceso de selección conforme al mérito y la capacidad, asegurando así la absoluta independencia del Poder Judicial respecto de los otros poderes.

¿Cuál puede ser el objetivo de una reforma en esa línea?

–A falta de más datos, lo desconozco. No sé si es una improvisación o una propuesta meditada y desarrollada. Cierto es que el cambio del sistema es una reivindicación histórica de ciertos sectores políticos y políticos judiciales, para los que los jueces deberíamos tomar partido e implicarnos en el proceso de transformación social, lo que exige poner en acento, no tanto en la calidad y valía como en el perfil subjetivo del candidato, del que se pide un «compromiso» con el programa político del Gobierno de turno. Recordemos aquello de mancharse la toga con el polvo del camino. La independencia y preparación de los jueces no suelen ser del agrado de quienes no creen en los principios de separación de poderes y de sujeción de todos, ciudadanos y poderes públicos, a la Constitución y a la ley.

¿Funciona bien el actual sistema?

–El actual sistema garantiza que los que superan el proceso disponen de la pericia necesaria para la difícil función de juzgar, y que la selección se base en criterios objetivos. Todo el proceso es absolutamente transparente. Aquí no existen amigos o complacencias ideológicas. Cuestión distinta es que, como todo, el sistema admita mejoras. Como en lo referente al test inicial o al período de estancia en la Escuela Judicial, que resulta excesivo, o a la posibilidad de que los alumnos puedan hacer sustituciones o labores de refuerzo.

El acuerdo también alude a la igualdad de oportunidades sin que afecte el sexo, pero con el actual sistema dos de cada tres aspirantes que se convierten en jueces son mujeres.

–Efectivamente, el mencionado punto evidencia el absoluto desconocimiento por los verdaderos problemas de la Administración de Justicia. Hoy, el 53% de la carrera judicial está formado por compañeras . Y en las últimas promociones el porcentaje alcanza el 70%. No creo que estemos ante un problema de desigualdad en el acceso.

¿Veremos a Puigdemont siendo juzgado en España? Bélgica ha suspendido el proceso de entrega mientras tenga inmunidad?

–Entiendo que sí. Es una simple cuestión de tiempo. La ley está para ser aplicada, con independencia de quien se trate. Todos somos iguales ante la ley.

¿Hay riesgo de que el Parlamento Europeo no le levante la inmunidad?

–Si nos atenemos a los datos históricos podemos comprobar que la regla general es que se conceda el suplicatorio, máxime si, como aquí ocurre, ya ha recaído una sentencia condenatoria firme contra otros implicados.

¿Cómo debe interpretar la sociedad española las resoluciones europeas?

–España forma parte de la UE y, en consecuencia, aceptamos que las normas europeas formen parte de nuestro ordenamiento y que las instituciones europeas tengan facultades para decidir la interpretación de las normas comunitarias. España es uno de los países en que los jueces más recurren al planteamiento de cuestiones prejudiciales y de los países respecto de los que menos sentencias de condena ha dictado el TEDH .

¿Ha sido justa la Justicia española con los líderes del «procés»?

–La Justicia ha interpretado y aplicado la ley que las Cortes Generales, como expresión del pueblo soberano, han aprobado previamente. El Supremo ha celebrado un juicio que hemos podido ver todos y que constituye un ejemplo de transparencia y buen hacer. Con prudencia, sin estridencias, pero sin titubeos. Solo Reino Unido y España permiten la transmisión de las vistas para garantizar la adecuada publicidad. Y la sentencia es la consecuencia de la subsunción de los hechos que el Tribunal ha considerado probados en los preceptos del Código Penal. En particular, en los arts. 544 y siguientes, aprobados en 1995, siendo Ministro de Justicia D. Juan Alberto Belloch .