La maniobra de Torra anestesia la legislatura y complica el calendario de Sánchez para los Presupuestos

Ahora se sabe que las elecciones se convocarán pero no cuándo, ya que Torra postergó la fecha hasta que estén aprobados los presupuestos regionales, que este miércoles iniciaron su tramitación parlamentaria. Si todo este trámite sigue sin alterarse, el 18 de marzo se aprobarán las cuentas y, a partir de ese momento, Torra podría firmar el decreto de convocatoria y que, según la normativa, supone que las urnas estarán en los colegios electorales de Cataluña 54 días después.

Pero la fecha del 18 de marzo podría no valer, si la oposición presenta un recurso ante el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que tiene un mes para dar su opinión sobre la legalidad de la propuesta. Ayer, fuentes de la dirección de Ciudadanos, consultadas por ABC, aseguraron que, aunque todavía no lo han decidido, estratégicamente es una buena opción. Por lo tanto, las elecciones podrían celebrarse, como pronto, el 14 o el 21 de junio .

En la víspera, y tras conocer al filo de la medianoche el anuncio de comparecencia de Torra, ya se asumía desde el Gobierno que fuese lo que fuese se abría ya un relato de precampaña. Desde la óptica de La Moncloa hay elementos tanto positivos como negativos. En términos de certidumbre predominan estos últimos. Aunque ayer se optó por el silencio y no entrar a valorar formalmente el anuncio de Torra, desde el Gobierno son conscientes de que entrar de lleno en una dinámica de campaña electoral complica las cosas desde la óptica de aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

En las últimas fechas, el Ejecutivo ya había expresado su intención de aprobar las cuentas «a final del verano» . En estos momentos, el Gobierno, a través de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, se centra en negociar con Bruselas un margen extra para la elaboración del presupuesto y tener más margen de gasto. A lo que se aferran para explicar que no se dilata la decisión de cuándo presentar los Presupuestos porque se está todavía en trámites previos. Según la directiva de Hacienda publicada hace unos días, sería a partir de marzo cuando podrían ya presentarse. Ayer se reconocía lo complejo del panorama y se evitaba comprometer una fecha .

En el Gobierno asumían que la incertidumbre catalana, protagonizada por los independentistas, marcaba sus posibilidades de cara a este crucial trámite parlamentario para que Sánchez pueda aspirar a un legislatura larga. Lo mejor, desde sus intereses, habrían sido o elecciones inmediatamente o a final de año. Dejando así despejado el centro del curso para negociar el proyecto presupuestario.

El difuso calendario de Torra va en la dirección contraria. El Gobierno tendrá que estar muy atento al calendario porque si presenta el proyecto de Presupuestos, en torno a tres semanas después deben votarse las enmiendas a la totalidad en el Congreso de los Diputados. Y si esa votación se sustancia en la víspera electoral las posibilidades de aprobación son prácticamente inexistentes. Tendrá que ir con alfileres el Gobierno para evitar esa coincidencia parlamentaria, salvo que busque una estrategia de choque y encuentre algún estímulo político en ver una vez más sus Presupuestos rechazados. Es lo que pasó en 2019, pero no es lo que en estos momentos está en la cabeza del presidente, Pedro Sánchez , que necesita la herramienta de los Presupuestos para superar la excepcionalidad que todavía supone el gobernar con las cuentas prorrogadas de 2018, aprobadas por el PP. A partir de ahí, la aprobación presupuestaria y la viabilidad del Gobierno de coalición dependerán de la voluntad de ERC para negociar. Y eso dependerá en buena parte de la aritmética resultante de las elecciones catalanas.

No obstante, el Gobierno encuentra en la entrada en dinámica electoral un elemento interesante para sus intereses. Y es que la dinámica de negociación entre gobiernos será difícil de aterrizar. Incluso de empezar a andar en estos momentos. Y lo será por la situación de división y guerra política total en el mundo independentista y no por falta de voluntad de Sánchez. Lo que permitirá insistir en el marco del «diálogo» sin mancharse en una negociación concreta en la que podría sufrir desgaste.

Mucho diálogo y poca concreción. Diálogo como promesa y como argumento electoral del PSC, en cuya mejora de resultados confían en el PSOE. Aunque a día de hoy, salvo en el propio PSC y no entre todos los dirigentes, muy pocas personas ven factible un acuerdo ERC-PSC-comunes en la Generalitat, bajo la batuta de ERC. Si la aritmética lo posibilitase, las opciones de fórmulas de entendimiento se podrían multiplicar. Hasta que esa situación se produzca, el Gobierno ganará tiempo, sin Presupuestos aprobados, pero intentando seguir controlando la agenda con iniciativas que no requieran de importantes aumentos de dotación presupuestaria. Y con el Congreso de los Diputados volviendo a ganar protagonismo con el debate de leyes como la eutanasia.

De ahí, lo trascendental del anuncio de ayer de Torra, que sin concretar nada produjo un terremoto en el tablero de juego. Su «declaración institucional» se convirtió en un ataque directo contra ERC, que forma parte de su gobierno, junto a JpC, y sirvió para constatar públicamente que no existe confianza entre los miembros de ambos partidos que forman la Generalitat. Un secreto a voces que Torra aireó («el deterioro de la confianza mutua»). El presidente autonómico anunció que convocará elecciones, pero «una vez se hayan aprobado los presupuesos», y lo hará en la fecha «que sea mejor para el país».

Un anuncio insólito. Solo tres horas después, el gobierno autonómico aprobaba el proyecto de cuentas para 2020 y Pere Aragonès (ERC), vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, se presentaba ante la comisión parlamentaria correspondiente para defender los presupuestos. Un gobierno roto y desconfiado entre sí, dando trámite a la ley que define sus prioridades. Aparcadas desde 2017, último año que se aprobaron las cuentas.

La guerra entre JpC y ERC es total. «El gobierno no puede funcionar sin unidad, sin una estrategia común y compartida en cuestiones fundamentales y sin lealtad entre sus socios», dijo ayer Torra, solo dos días después de que Roger Torrent (ERC), presidente del Parlamento de Cataluña, diera por buena la orden de la Junta Electoral, con el visto bueno del TribunalSupremo, por el que el diputado Quim Torra perdía su escaño en la cámara.

De nada sirvió la tregua del martes, cuando seis de los presos condenados por el 1-O, entre ellos, Oriol Junqueras, se marcaron sendos mítines en el Parlamento autonómico. Aunque no existe una ruptura entre JpC y ERC, el gobierno de la Generalitat está completamente fracturado. Desde este miércoles, Cataluña está inmersa en una larga precampaña electoral cuyos máximos rivales políticos comparten mesa de ejecutivo cada semana. Entre ellos está por ver todavía quién queda como traidor entre su electorado.