Malestar de los jueces porque la reunión «puentea» al Supremo

En este sentido, la visita de Iglesias a Junqueras no es un encuentro informal, recuerdan, sino que ha ido a tratar de convencerle para que su partido dé el visto bueno a una ley de una importancia vital, la de Presupuestos.

Para el presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, este encuentro «no es correcto ni respetuoso con los principios básicos del ordenamiento jurídico constitucional». « Se trata de negociar una ley fundamental para el país con alguien que provisionalmente está suspendido de cualquier función pública, lo que se puede interpretar como un intento de puentear la disposición legal que lo prevé y la resolución judicial que lo acuerda».

Se refiere Almenar a la inhabilitación provisional acordada el pasado julio por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del sumario del «procés». Se trataba de la primera vez que se aplicaba el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé la suspensión automática para ejercer cargo público de los procesados por rebelión sobre los que se haya decretado la prisión provisional. De ahí que ni Junqueras ni los cuatro presos que son diputados puedan ejercer como parlamentarios.

El portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados, considera paradójico que tenga que opinar sobre unos Presupuestos del Estado quien está en prisión preventiva por haber presuntamente haber atacado a ese mismo Estado. Prado recuerda que cuando las asociaciones de jueces se reunieron hace unos días con la ministra Dolores Delgado se les transmitió que no había más dinero para justicia. Considera «llamativo» que en los Presupuestos se contemplen partidas que están relacionadas con los políticos presos por violentar el Estado de Derecho y que no se dé un euro a quienes han defendido, especialmente en los últimos tiempos, ese Estado de Derecho. «Que un dirigente político se entreviste con alguien que ha luchado contra el propio Estado es llamativo», insiste el portavoz.