El magistrado López: Guerra hasta el final

Es difícil adivinar cuál ha sido su papel exacto en estas sentencias -la de ayer o la de la llamada « doctrina Parot » serán las más graves que quedan en su expediente-, teniendo en cuenta que el reglamento del Tribunal de Derechos Humanos establece que el juez nacional debe participar en las deliberaciones de los casos que afectan a su país. Y también resulta bastante difícil de imaginar que ha sido la opinión de un solo juez la que ha decantado la sentencia en la que han participado siete magistrados.

Pero a López Guerra le precede una reputación sulfurosa de parcialidad que viene de su militancia y ejercicio de cargos en gobiernos socialistas. Durante los tres años que fue el «número dos» del Ministerio de Justicia se produjeron las desafortunadas negociaciones con la banda terrorista que acabaron precisamente con el atentado perpetrado por los dos terroristas a los que acaba de conceder una indemnización. Sea ahora, sea cuando contribuyó a dar la razón al etarra Arnaldo Otegui, da la impresión de que se ha sentido cómodo firmando y contribuyendo a aprobar sentencias que ratificasen sus puntos de vista en el campo de la gestión del terrorismo.

Es cierto que este tipo de sentencias por malos tratos son relativamente infrecuentes en el caso de España, frente a las numerosas que se adjudican a otros países de la UE, como Bélgica o Francia, por no hablar de otros que están también bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo, como Turquía, Rusia o Ucrania, donde la situación es verdaderamente preocupante. En todo caso, en este último asunto, López Guerra no ha querido aprovechar para matizar su reputación y ha mantenido sus tesis.

Al menos, López Guerra no ha firmado el voto particular que se pronunciaba a favor de considerar que no solo hubo malos tratos por parte de la Guardia Civil, sino que hubo torturas. Por esta tesis se han inclinado tres magistrados, encabezados por el andorrano Pere Pastor Vilanova. Este juez nacido en el principado pirenaico y formado en universidades francesas -al contrario de la tradición en ese minúsculo país- quería que la condena a España fuera no por malos tratos, sino por tortura, lo que eleva un escalón más la gravedad del asunto. Pastor Vilanova tampoco es un desconocido en el campo de los contenciosos sensibles en España. El año pasado fue recusado por los abogados de policías, guardias civiles y militares que reclamaban que se igualasen sus derechos a los de las víctimas civiles del terrorismo. Los otros dos jueces que han firmado el voto particular diciendo que están convencidos de que hubo torturas son la suiza Hellen Keller, en el puesto desde 2011, y el chipriota Georgios Serghides, nombrado en 2016.